El gobierno de Nicaragua, liderado por Daniel Ortega, otorgó la nacionalidad de ese país al guatemalteco Gustavo Herrera donde cumplió ya dos años de asilo político.
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Herrera obtuvo los derechos de ciudadano nicaragüense siendo actualmente comerciante y residente en Managua, la capital de país centroamericano.
Para hacer la petición de asilo, Herrera argumentó que el Ministerio Público de Guatemala y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) tenían una persecución penal ilegal en su contra.
De esa forma, en 2018 el presidente de Nicaragua le concedió asilo “por considerar estar amenazada su vida, integridad física, seguridad y libertad”.
Herrera es conocido en Guatemala por jugar el papel de operador político y está implicado en el caso “Fénix” señalado de usar una estructura de lavado de dinero.
El caso por el que se investiga a Herrera tiene larga data, desde 2005, recordó el exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval en una entrevista radial de Emisoras Unidas.
De acuerdo a la investigación, una organización criminal utilizó diferentes tipos de empresas de propiedad o relacionadas a Herrera Castillo para lavar dinero obtenido de manera ilícita. Las transacciones se hicieron bajo un contrato de tipo fiduciario entre el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), Grupo Empresarial UNISERV, S.A. y Banco Uno.
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Sandoval explicó que el caso se desestimó en 2014, pero la FECI junto a la CICIG lo retomaron y en 2019 requirieron una serie de órdenes de captura, incluyendo la de Herrera Castillo.
Detienen en Nicaragua a líderes empresariales
Para la jornada de este jueves no solo el caso de Herrera fue noticia en Nicaragua, pues también se dio a conocer que dos máximos líderes del gremio empresarial fueron detenidos. De acuerdo a la Agencia de Noticias de Francia (AFP), con las dos detenciones suman casi 40 la lista de opositores arrestados a dos semanas de las elecciones. El presidente Daniel Ortega busca su cuarto mandato consecutivo, sin ningún rival de peso. La Policía Nacional informó, en un comunicado, que detuvo al presidente y vicepresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), Michael Healy y Álvaro Vargas, respectivamente, quienes “están siendo investigados por el delito de lavado de dinero, bienes y activos”. “Estas acciones que violentan los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de Nicaragua deben cesar a lo inmediato”, reaccionó en Twitter el COSEP, que consideró los arrestos un “ataque directo” contra el gremio empresarial. Con Healy y Vargas suman 39 las personas detenidas en los últimos cuatro meses, incluidos siete aspirantes a la presidencia, dirigentes políticos, sociales, empresarios y periodistas. Están acusados de delitos como “traición a la patria”, “terrorismo”, “lavado de dinero” y otros. Reclamo de liberación de presos Los arrestos de Healy y Vargas ocurren un día después de que el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), exigiera la “liberación inmediata” de los opositores detenidos, durante una sesión en Washington en la que se abordó la situación de Nicaragua. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) condenó la detención de Healy y Vargas, las calificó de “arbitrarias” y demandó el respeto a su integridad. Agrupaciones opositoras, como la Alianza Cívica y Unidad Azul y Blanco, también condenaron los arrestos y exigieron la liberación de detenidos. Con información de la Agence France-Presse.
