La Policía Nacional Civil (PNC) disolvió este sábado una protesta de pobladores opuestos a una minera suiza que mantenían bloqueada una carretera en El Estor, Izabal, con saldo de cuatro agentes heridos de bala y comunitarios afectados por gases lacrimógenos.
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El enfrentamiento ocurrió un día después de que la policía desalojara con gases a decenas de pobladores que horas después volvieron a concentrarse en la ruta.
Jorge Aguilar, vocero de la policía, declaró a periodistas que cuatro agentes resultaron heridos “por arma de fuego” en las piernas.
“Mi postura es traerles la situación del diálogo para que puedan ser escuchados, pero necesitamos la libre locomoción”, dijo durante una negociación previa al operativo Héctor Alarcón, gobernador del departamento de Izabal, al que pertenece El Estor, según un video publicado por un medio de la localidad.
Imágenes y videos divulgados por medios locales mostraron a policías retirando ramas de árboles y otros objetos que habían sido colocados para cerrar el paso, y a las fuerzas antimotines lanzar gas.
Bloqueo
Las comunidades se apostaron en el camino desde el 4 de octubre “en resistencia” al denunciar que la empresa Compañía Guatemalteca de Níquel, subsidiaria de la firma suiza Solway Investment Group, mantiene operaciones pese a que la justicia ordenó que fueran suspendidas mientras el gobierno realiza una consulta comunitaria.
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El grupo, que se opone a la minera por considerar que provoca daños ambientales, también ha denunciado que el Ministerio de Energía y Minas no los ha tomado en cuenta en el proceso que llevará al referendo.
Antes del desalojo, un poblador que se cubría el rostro con una mascarilla indicó que la intención de las fuerzas de seguridad, entre éstas soldados, era permitir el paso de góndolas y camiones de la empresa.
Posteriormente, otros vecinos realizaron una protesta a favor de la mina al señalar que esta genera empleo en el municipio, según medios locales.
Resolución de la CC
En junio de 2020, la Corte de Constitucionalidad, máxima instancia judicial del país, suspendió las operaciones de la CGN al acoger el reclamo de comunidades indígenas que denuncian no haber sido consultadas sobre la explotación de minerales en su territorio.
La Corte precisó que el gobierno obvió el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre consulta previa, libre e informada a los pueblos locales, además de incumplir con un estudio de impacto ambiental del área, por lo que ordenó realizar el referendo comunitario.
La minera comenzó a operar en 2014, tres años después de que Solway adquiriera los derechos, tras la rehabilitación y reconstrucción del complejo industrial que data de fines de la década de 1970 y que ha operado de forma intermitente.
