El diputado Aldo Dávila y organizaciones sociales solicitarán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares a favor de las personas que se están viendo afectadas por la declaratoria del estado de Sitio en El Estor, Izabal.
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Lo anterior es derivado a la conflictividad social por la actividad de la minera Fénix que aún opera en el lugar, y los daños graves que está ocasiona a la población de ese sector.
“El estado de Sitio violenta los derechos humanos y con eso se demuestra la poca capacidad que hay para gobernar. Esto es preocupante porque hay una orden de la Corte de Constitucionalidad (CC). No hay diálogo, no hay una consulta, pues aquí las órdenes están giradas por el presidente”, declaró Dávila.
Sobre el estado Sitio
Casi un millar de policías y militares patrullaban El Estor, con cateos y capturas durante el estado de Sitio que rige tras protestas contra una minera suiza.
En el poblado maya q’eqchi’ es común observar a cientos de uniformados caminar portando fusiles y a otros apostarse en lugares concurridos por los vecinos del municipio.
César Mateo, portavoz de la Policía, explicó que en el inicio del estado de Sitio junto con el Ministerio Público (MP) han hecho allanamientos y capturado a varias personas.
“Se realizan tareas para brindar seguridad a la población principalmente”, agregó.
El desalojo de la protesta ha provocado la reacción de varios sectores contra la minería en Guatemala.
El Estor se encuentra bajo estado de Sitio desde el domingo, un día después de que la policía – apelando al “derecho de locomoción”- desalojó a decenas de pobladores que bloquearon por casi tres semanas una carretera en rechazo a la empresa minera Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), subsidiaria de la firma suiza Solway Investment Group.
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