Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos suspendió el sábado la obligación de vacunar a los empleados de empresas de más de 100 personas, propinando una derrota al presidente Joe Biden en su intento de convencer a todo el país de inmunizarse contra el covid.
La medida del presidente dispone que decenas de millones de empleados sean vacunados contra el covid-19 antes del 4 de enero, bajo pena de tener que someterse a pruebas muy regulares.
Anunciada a mediados de septiembre, la obligatoriedad de vacunarse, que también abarca a trabajadores de la salud y empleados de contratistas de agencias federales, es una de las medidas más radicales tomadas por el gobierno de Estados Unidos en un intento por frenar una epidemia que ya ha matado a 750.000 personas en el país y está minando la recuperación económica.
Fue adoptada esta semana por el gobierno, e inmediatamente fue impugnada en los tribunales en particular por el estado de Texas, controlado por los republicanos, opuestos a toda obligación de vacunación para luchar contra la pandemia del coronavirus.
En su decisión, la corte federal de apelaciones con competencia en ese enorme estado del sur de Estados Unidos dictaminó que los demandantes habían “dado argumentos que sugerían que existen serios problemas constitucionales y procesales” con el texto del gobierno.
Por tanto, la medida queda “suspendida” en espera de que el tribunal lo examine sobre el fondo.
Aunque sea solo una suspensión, se trata de un gran revés para Joe Biden, quien acababa de lograr su primera gran victoria legislativa con la adopción en el Congreso, el viernes, de su plan de inversión en infraestructura.
“Mejor camino”
“La vacunación es el mejor camino para salir de esta pandemia”, había dicho Biden en un comunicado publicado el jueves, indicando que habría “preferido evitar esta obligación” destinada a afectar a más de dos tercios de la mano de obra del país.
El texto suspendido deja al empleador tomar las medidas que considere adecuadas, incluyendo sanciones, contra quienes se resisten a las vacunas y las pruebas regulares. Las empresas que no quisieran implementar la obligatoriedad se exponen, según la norma a una multa de entre 13.000 a 136.000 dólares.
La Casa Blanca había anticipado que la nueva regla se imponía en todos los estados, incluyendo aquellos que han adoptado leyes prohibiendo a los empleadores exigir la vacunación, mascarillas o pruebas anticovid.
Sin embargo, en el país de las libertades individuales, la medida desata críticas en la oposición republicana, que denuncia una “dictadura”.
Varias empresas, entre ellas el gigante cárnico Tyson Foods o la aerolínea United Airlines, ya habían preparado el terreno al imponer estas obligaciones a sus empleados desde finales de septiembre.
Biden, elegido para encabezar la principal potencia económica mundial hace casi un año, ha hecho de la lucha contra el covid-19 uno de los pilares de su presidencia.
Pero después de un comienzo exitoso de la campaña de vacunación, ésta se vino abajo, lo que disparó la propagación del virus y frenó en parte la recuperación económica prometida por el líder demócrata.
Cerca de 58% de la población de Estados Unidos se ha inmunizado hasta noviembre. Esto representa un aumento desde agosto, cuando comenzaron a anunciarse los decretos.
En su mayoría, los trabajadores quieren ser vacunados y están de acuerdo con las medidas. La AFL-CIO, la mayor central obrera de Estados Unidos, afirma que se trata de “un paso en la dirección correcta”.