El presidente Alejandro Giammattei aseguró que de parte del Gobierno se brindará toda la colaboración que corresponda al Ministerio Público (MP) para investigar el caso que involucra al Insivumeh.
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El gobernante dijo que espera que se resuelva y se logre saber la verdad de lo ocurrido en la entidad.
También mencionó que el ministro de Comunicaciones, Javier Maldonado, se encargará de realizar los nombramientos que correspondan, tomando en cuenta que hay autoridades implicadas.
El pronunciamiento del mandatario se dio un día después de que el ente investigador diera a conocer una serie de anomalías detectadas en contratos emitidos por la entidad.
En estos hechos se encuentra involucrado Yeison Samayoa, director del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).
El funcionario y otras 17 personas fueron capturadas ayer en el marco de un operativo dirigido por la Fiscalía contra la Corrupción.
Además, están pendientes de ser ejecutadas otras diez órdenes de aprehensión, pues los sindicados no fueron ubicados durante los allanamientos.
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De acuerdo con las investigaciones, serían parte de un grupo que gestionó supuestos contratos irregulares por montos superiores a los Q28 millones.
MP expone irregularidades en el Insivumeh
El caso Clima, Corrupción y Poder evidenció que ciertas personas utilizaron sus cargos públicos para buscar beneficios individuales.
En el marco de la emergencia sanitaria generada por el Covid-19 se gestionó una ampliación presupuestaria para el Insivumeh.
Pese a no ser de las entidades prioritarias para la atención la pandemia se le autorizó una asignación de Q30 millones.
Esto se habría logrado por medio de la intervención de un diputado, del cual la fiscalía no reveló el nombre. Se detalló que el legislador pertenecía a la Comisión de Finanzas.
Los referidos recursos fueron destinados al pago de contratos por servicios de asesoría adjudicados a entidades mercantiles vinculadas al parlamentario, integrante del partido Prosperidad Ciudadana.
Las referidas negociaciones permitieron cometer un grave perjuicio para el patrimonio del Estado de Guatemala por al menos Q28 millones.
Los actos irregulares habrían sido avalados por las entonces autoridades de la institución y de la cartera de Comunicaciones.
