Los nicaragüenses comenzaron a votar este domingo en unas elecciones en las que el presidente Daniel Ortega, con sus rivales presos, se apresta a confirmar su cuarto mandato consecutivo tras 14 años en el poder.
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Unos 4,4 millones de electores están llamados a las 13.459 urnas instaladas en todo el país, que abrieron a las 07:00 horas, constaron periodistas de AFP. Los centros cerrarán a las 18:00 horas si no hay electores en fila.
Según el tribunal electoral, se conocerán los primeros resultados hacia la medianoche.
Ortega, quien el jueves cumple 76 años, se apresta a ratificar otros cinco años como presidente, a la cabeza del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, izquierda) y con su poderosa esposa Rosario Murillo (70), candidata a la vicepresidencia por segunda vez.
Su permanencia en el poder no se duda. Ortega, quien gobernó en los años 1980 luego de que la guerrilla del FSLN derrocó en 1979 al dictador Anastasio Somoza, enfrenta a cinco candidatos derechistas, desconocidos y tachados de colaboradores del gobierno.
Así, el foco de la elección en este empobrecido país centroamericano de 6,5 millones de habitantes no es por quién votar, sino si abstenerse o participar.
“Esto no está feo, está horroroso. No se puede hablar porque te llevan preso. ¿Para qué voy a ir? Los que van a votar son los sandinistas”, dijo a AFP José, de 78 años, quien respaldó al FSLN por décadas.
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Marina Aguirre, de 36 años, vecina del barrio Memorial Sandino, en el oeste de Managua, votará: “Tenemos hospitales y escuelas gratuitos. Mis hijos van a la escuela pública, él (Ortega) se preocupa que cada niño tenga un juguetito todos los años”, afirmó.
Unos 4,4 millones de electores están llamados a las urnas, que abrirán a las 07H00 locales (13H00 GMT) para elegir también a 90 diputados de un Congreso que, al igual que todos los poderes del Estado, está bajo control oficial.
Crispación electoral
Estos comicios se celebran tres años y medio después de las protestas que exigieron la renuncia de Ortega y cuya represión dejó al menos 328 muertos, más de 150 manifestantes aún presos y más de 100 mil exiliados.
Acercándose los comicios, en junio comenzó una ofensiva contra la oposición: fueron ilegalizados tres partidos, detenidos siete aspirantes presidenciales y otros 32 activistas políticos y sociales, empresarios y periodistas, que se sumaron a 120 presos desde las protestas de 2018.
Los detenidos están acusados, según leyes aprobadas a fines de 2020, de atentar contra la soberanía, promover sanciones internacionales, “traición a la patria” o “lavado de dinero”, como es el caso de la aspirante opositora favorita, Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios (1990-1997), en arresto domiciliario.
