Los jueces del Tribunal B de Mayor Riesgo ordenaron este lunes, que el expresidente Otto Pérez Molina cumpla arresto domiciliar por su vinculación en el caso La Línea, bajo el pago de una fianza por Q13 millones.
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Los jueces respaldaron el fallo al considerar que “ya no hay peligro de fuga ni de obstaculización de la averiguación de la verdad”, fallo al que se opuso el Ministerio Público (MP) y contra el cual anunció que accionará legalmente.
Pérez Molina es acusado de los delitos de asociación ilícita, defraudación aduanera y cohecho pasivo por su vinculación a una red de defraudación aduanera denominada “La Línea”, un escándalo político que llevó al debacle de su gobierno en 2015.
Segundo intento de Otto Pérez Molina
En junio de 2019, el mismo Tribunal de Mayor Riesgo “B” le negó el arresto domiciliario que la defensa de Pérez Molina solicitó.
La medida también se le negó a otros seis procesados el caso, en el que figuran 30 acusados en total, entre ellos la exvicepresidenta Roxana Badeltti.
Pérez Molina, también está señalado en el caso Cooptación del Estado del cual aún enfrenta un proceso judicial, por lo que aunque pagué una fianza deberá seguir en prisión.
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Anteriormente, Pérez Molina junto a Baldetti quedaron fuera del caso TCQ, ya que no podían ser juzgados por los mismos delitos en dos casos, pues las acusaciones eran las mismas en la investigación por Cooptación del Estado.
Enfrentarán juicio
A finales de 2017, el juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, resolvió enviar a juicio a 28 personas, incluido el exbinomio presidencial, sindicados de liderar la red de defraudación aduanera “la línea”. El juez señaló que había suficientes indicios contra estas personas para que enfrenten a la justicia.
La investigación a cargo de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), a cargo del exjefe de sección, Juan Francisco Sandoval, y de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CIGIG), señaló que además de Pérez Molina y Baldetti, también participaron particulares, exfuncionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y de las aduanas del país.
El comienzo del juicio está programado para el 17 de enero de 2022, siete años después de que el caso saliera a luz.
