La Contraloría General de Cuentas (CGC) obtuvo 100 puntos en el proceso de medición del “Índice de Disponibilidad de Información a la Ciudadanía sobre la Gestión Institucional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (IDIGI-EFS) 2021”.
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La institución, dirigida por el contralor Edwin Salazar desde 2019, obtuvo la máxima calificación con la que se considera que cuenta con un nivel óptimo de disponibilidad de información. De esa forma, la Contraloría se ubica entre las seis mejores Entidades Fiscalizadoras Superiores a nivel latinoamericano y el primer lugar a nivel centroamericano.
El portal web de la Contraloría fue evaluado junto a otras 21 Entidades Fiscalizadoras Superiores que conforman la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS). La medición estuvo a cargo de la Comisión de Prácticas de Buena Gobernanza de dicha entidad regional y la Organización Acción Ciudadana de Colombia.
Aspectos evaluados a la Contraloría
Las 22 entidades fiscalizadoras de Latinoamérica se calificaron sobre la disponibilidad de 1,980 variables. Los criterios correspondieron a la medición IDIGI-EFS y el módulo COVID-19, en categorías como:
- Alcances y resultados del control institucional sobre la fiscalización del ciclo presupuestario.
- Marco institucional.
- Alcances y resultados del control institucional sobre la rendición de cuentas de los organismos fiscalizados.
- Alcances del control institucional y la fiscalización, con lo que se evidencian importantes avances en la mejora de los niveles de disponibilidad de información.
Atención durante la pandemia
La evaluación se hizo conforme a indicadores como la oferta de servicios a los ciudadanos durante la emergencia COVID-19 y protocolos de trabajo. Asimismo, estrategias y resultados de la fiscalización COVID-19 y el trabajo colaborativo con otras instituciones.
La calificación va de la mano con la labor de la Contraloría en el 2021 declarado como Año de la Ética y Probidad. La Organización de Estados Americanos (OEA), reconoció la aplicación del Código de Ética y el Sistema de Comunicaciones Electrónicas como buenas prácticas en el combate contra la corrupción e impunidad.
