Diputados aprobaron la ley que declara el 9 de marzo como Día por la Vida y la Familia.
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Con opiniones a favor y en contra, tanto dentro como fuera del Hemiciclo, 90 diputados respaldaron con su voto la aprobación en tercera lectura, artículos y redacción final de la normativa.
Diputados con opiniones divididas
El diputado Armando Castillo confirmó que la declaración corresponde al interés de que en marzo se declare a Guatemala como Capital Iberoamericana Provida. Un anuncio hecho por el presidente Alejandro Giammattei en diciembre pasado en una gira de trabajo en Washington.
De acuerdo a la diputada Lucrecia de Palomo, indicó que hoy hay “una sociedad convulsionada porque desde hace 60 años grupo interesados se han dedicado a destruir la familia”.
“Ni los niños, ni los jóvenes tienen el concepto de qué es la familia”, concluyó Palomo.
Por su parte la diputada de oposición, Karina Paz, dijo que conmemorar la Vida y la Familia “no es tan sencillo” y aunque la Constitución Política de la República lo garantiza, el Estado no lo cumple.
“Los homicidios están aumentando y ¿Qué estamos haciendo para prevenirlos?… 105 mil niñas menores de 18 años quedaron embarazadas el año pasado ¿Qué estamos haciendo para que esas niñas no se conviertan en madres?”.
La alianza oficialista logró incluir en la discusión de la iniciativa de ley que defendieron varios integrantes de la Junta Directiva del Congreso.
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“En el fondo tiene otros propósitos, como imponer la tendencia globalista conservadora del fanatismo”, declaró en ese momento la diputada Sonia Gutiérrez.
El Ejecutivo instauró desde el año pasado la Política Pública de la Protección a la Vida y a la Institucionalidad de la Familia, para establecer también que tanto el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, realicen actos relacionados al tema.
Accionan en contra de política
No obstante, organizaciones sociales y no gubernamentales accionaron ante la Corte de Constitucionalidad al considerar que la política rige un único modelo de familia y excluye a grupos vulnerables.
En la acción legal en contra se argumentó que la política establecida por Giammattei no se apega a la realidad social del país con familias monoparentales, o bien, dividas a causa de la migración.
