La administradora de USAID, Samantha Power, se pronunció con relación a la captura de una exmandataria de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), señalada de obstaculizar la acción de la justicia.
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La abogada Leyli Santizo fue detenida el pasado jueves, en el marco de un operativo coordinado por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) dentro del caso Cooptación y Corrupción Judicial.
En tanto, la exfiscal que integró la referida fiscalía, Eva Xiomara Sosa, quien también tenía orden de captura, se presentó ante tribunales pero fue liberada.
“La investigación es por cooptación y corrupción judicial (…) El caso está bajo reserva”, dijo el vocero del Ministerio Público, Juan Luis Pantaleón.
La funcionaria estadounidense señaló por medio de un mensaje en redes sociales que la situación en Guatemala es terrible.
A su criterio, “en vez de proteger a los guatemaltecos de la delincuencia y la corrupción, la fiscal general Consuelo Porras utiliza su cargo para intimidar y perseguir a jueces y fiscales que defienden el estado de derecho”.
ONU y EE. UU. también se pronuncian
Naciones Unidas y el Departamento de Estado de Estados Unidos expresaron su preocupación por la detención de la integrante de la CICIG, una comisión adscrita a la ONU, que funcionó en Guatemala desde fines de 2006 hasta 2019.
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“La investigación es por cooptación y corrupción judicial (…) El caso está bajo reserva”, dijo el vocero del Ministerio Público, Juan Luis Pantaleón.
El secretario general de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, tomó con “preocupación” la detención, indicó en un comunicado desde Nueva York su portavoz, Stéphane Dujarric.
“El Secretario General recuerda que los procesos judiciales deben cumplir con los requisitos de un juicio justo y del debido proceso”, agregó.
Según el jefe de la diplomacia estadounidense para las Américas, Brian Nichols, “las acciones de la Fiscal General de Guatemala contra fiscales anticorrupción actuales y antiguos, continúan un patrón de intimidación y venganza contra personas responsables de combatir la impunidad”.