El llamado “testigo A” presentó una denuncia ante el Ministerio Público (MP) por supuestas coacciones y presiones para declarar, dijo la fiscal general Consuelo Porra,s en un mensaje difundido en redes sociales, tras la investigación de un medio de comunicación salvadoreño (ElFaro) que revela que la campaña del presidente Alejandro Giammattei se habría financiado con sobornos.
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“Con relación a la publicación de un medio de comunicación internacional, debo manifestar que la Fiscalía Especial contra la Impunidad tiene en desarrollo una investigación relacionada al señor José Luis Benito, por dicho caso él se encuentra ligado a proceso penal y en prisión preventiva por lavado de dinero u otros activos, este caso tiene reserva total y es preocupante que se vulnere la investigación mediante la difusión de información que es únicamente del conocimiento de las partes del proceso, en ese sentido el jefe de la FECI ha presentado denuncia penal por la filtración de dicha información y la misma ha sido remitida a la Fiscalía de Delitos Administrativos”, declaró Porras.
Testigo A
De acuerdo con la jefa del MP, en dicho caso también la persona a quien se menciona en la publicación como “testigo A”, presentó denuncia en el MP indicando haber sido objeto de coacción y presiones para prestar declaraciones de hechos que no le constaban.
Por lo anterior, la funcionaria aseguró que se investiga en la Fiscalía de Asuntos Internos.
“Debido a lo anterior es muy importante destacar que Algunos actores, a fin de evadir su posible responsabilidad penal o que pretenden mediante mecanismo de presión instrumentalizar la justicia a efecto de que se realicen o se instruyan investigaciones por motivaciones políticas o ideológicas, tratan de confundir a la población guatemalteca, así como a diversos sectores del ámbito nacional e internacional, argumentando que existe persecución y criminalización en su contra”, declaró.
Agregó que lo publicado por ElFaro “es totalmente falso, es un argumento artificioso construido para garantizarse impunidad, acuerpado por grupos con intereses claramente políticos o ideológicos”.
“Estas narrativas falaces deben ser desvirtuadas de la forma correcta para resolver cualquier controversia: La vía legal y jurídica”, manifestó la Fiscal General.
