Los embarazos forzados han configurado un problema social afectando a miles de niñas y adolescentes en Guatemala y la región. Su futuro está comprometido.
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Las consecuencias son perjudiciales para su educación, su empleo y su salud, e incidirán en sus proyectos de vida como mujeres y el de sus hijos, alertó el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), en un estudio que se publicó en 2020.
La exclusión hace que perciban menores ingresos y el impacto en la actividad productiva de más de Q1 mil 627 millones de quetzales, es decir un 0.28% del Producto Interno Bruto, según el informe.
La metodología “Milena” apunta a comparar avances en educación, participación laboral e ingresos. Además mide también el aporte en impuestos de las mujeres que han sido madres tempranamente y quienes lo han sido en la edad adulta.
“Si comparamos a quienes han sido madres antes de los 20 años, contra quienes lo han sido entre los 20 y 30 años, las primeras tienen tres veces menos chance de obtener un título universitario”, explicó Federico Tobar, asesor regional de UNFPA.
Para la organización hay un costo de oportunidad al evitar los embarazos en las adolescentes. Esto con la prevención de la violencia sexual antes de los 15 años, como haciendo accesible los servicios de salud sexual y reproductiva.
Más educación para niñas y mujeres
“Es una grave violación a sus derechos, pero muchas veces aún no lo entienden. Es un patrón que han visto en sus familias”, explicó Joseline Velásquez, quien se ha dedicado a educar a niñas y mujeres en las comunidades.
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“Prevenir es implementar educación integral en sexualidad que no es únicamente hablar de métodos anticonceptivos, sino que presenta información sobre autonomía, autoestima, cuidado del cuerpo, prevención y detección de violencia”, especificó.
“Son varios millones destinados para atender a niñas que deben asumir los embarazos… pareciera que a nadie le afecta el tema, pero sí lo hace a las niñas y mujeres, a sus familias y sus comunidades”, afirmó la activista.
En cifras
- 45 mil 710 embarazos en madres de 15 a 17 años fueron atendidos por el sistema de salud público durante 2021, según documentó el Mirador de los Derechos Sexuales y Reproductivos del Grupo Multidisciplinario.
- Además, 12 mil 655 partos fueron asistidos en niñas y adolescentes de entre 10 y 17 años, según datos oficiales recopilados por la organización.
Respecto a estas cifras, Velásquez explicó que reflejan modelos que se normalizaron, pero que son parte de la violencia contra las menores. Frases como que “ofrecen a la niña” o al decir “mi hija está bien para casarse con tu hijo”.
Para Velásquez es necesaria una mayor respuesta del Estado y que “las familias sean el primer espacio de cuidado y protección para ellas”.
