Con 102 diputados a favor, el Pleno del Congreso aprobó el decreto 18-2022 que da vida a la “Ley para la protección de la vida y la familia“.
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Dicha ley tiene como objeto principal “la protección del derecho a la vida, la familia, la institución del matrimonio entre un hombre y una mujer, la libertad de conciencia y de expresión y el derecho de los padres a educar y orientar a sus hijos y formarlos en el ámbito de la sexualidad”, según indica el artículo 1 de la misma.
En el artículo dos del primer capítulo de esta ley se proveen las definiciones de los términos “diversidad sexual”, “familia nuclear” y “familia ampliada”.
La exdiputada Sandra Morán se refirió al respecto de esta aprobación.
Penalización del aborto
Por otro lado, la ley señala que “toda persona tiene derecho al respeto de su vida desde el momento de su concepción”, es decir, en referencia al aborto.
De hecho, en el artículo 5 del capítulo 2, “De la protección del derecho a la vida”, se establece la reforma al artículo 134 del Código Penal, el cual queda de la siguiente manera:
“Aborto procurado. La mujer que causare su aborto o consintiere que otra persona se lo cause, será sancionada con prisión de cinco a diez años. Si lo hiciere impulsada por motivos que, ligados íntimamente a su estado, le produzcan indudable alteración síquica, la sanción será de seis meses a dos años de prisión”.
Sobre el matrimonio
Mientras que en el capítulo tres se hace referencia al matrimonio entre una mujer y un hombre.
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De tal cuenta que “se prohíbe expresamente el matrimonio entre personas del mismo sexo”, tal como se resalta en el artículo 16 del decreto, el cual reforma el 78 del Código Civil.
La diputada Lucrecia Hernández Mack de la bancada Semilla se refirió a este tema al momento de tomar la palabra en el hemiciclo.
Rechazo
Por supuesto, esta ley causó el rechazo inmediato de usuarios en redes sociales, así como a distintas agrupaciones sociales.
Un grupo de personas acudió a las afueras del Congreso de la República para reprochar a los diputados la aprobación de esta ley.
No obstante, la seguridad pública disolvió la protesta que no figuraba en gran número.
Pero esto también fue notorio en el mismo Congreso, aunque entre los pocos diputados que se manifestaron en contra de la ley.
Tal fue el caso del diputado Samuel Pérez Álvarez quien se pronunció al respecto al momento de razonar su voto en contra.