Por medio de un mensaje a la Nación, el presidente Alejandro Giammattei dio a conocer que veta la el decreto 18-2022, “Ley para la protección de la vida y la familia“.
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De acuerdo con la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (SCSPR) ante el anuncio del mensaje del mandatario, se indicó que esta iniciativa de ley “no nació como propuesta del Organismo Ejecutivo ni está relacionada a la política de protección a la vida e institucionalidad de la familia”.
“Viola la Constitución”
“Quiero aclarar que esta iniciativa no fue enviada por el Ejecutivo”, dijo Giammattei durante su mensaje.
Asimismo, indicó que “no podemos estar de acuerdo a pesar de su coincidencia con que Guatemala haya sido declarada Capital Iberoamericana por la vida”.
“El decreto ley 18-2022 viola dos convenciones de las cuales Guatemala es dignataria; adolece de deficiencias técnicas en su redacción. Pero lo más preocupante es que viola la Constitución Política de la República”, dijo.
Por otro lado, mencionó que se comunicó con la presidenta del Organismo Legislativo para comunicarle que mande a archivar esa ley, y en caso contrario, “he decidido que si esa ley llega a mi despacho, será vetada”.
“Por lo tanto, le recomiendo al Congreso de la República, con el debido respeto, que por favor archiven el decreto 18-2022”, finalizó.
Rechazo a dicha ley
Desde la aprobación del decreto en mención por parte del Pleno del Congreso, usuarios en redes sociales así como varias organizaciones mostraron su rechazo a la misma.
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Y aunque la SCSPR indica que esta iniciativa no nació como propuesta por parte del Ejecutivo, sí tuvo el apoyo de la mayoría de diputados oficialistas, además, fue aprobada un día antes de que se declarase al país como “capital provida“.
Curiosamente, el único diputado oficialista que no votó a favor del decreto fue el expresidente del Legislativo, Allan Rodríguez.
Una de las entidades que mostró su inconformidad con esta ley fue la Asociación la Familia Importa (AFI), quienes indicaron que la misma podría rayar en inconstitucionalidades.
AFI instó al mandatario a que, en adecuado uso del derecho de veto, “realice un exhaustivo análisis técnico-jurídico del contenido del decreto 18-2022, de tal forma que no sea ratificada una ley que pueda poner en riesgo derechos y garantías fundamentales de los guatemaltecos.”