Psicólogos y psiquiatras de dos asociaciones expresaron su rechazo a la Ley para la Protección de la Vida y la Familia, aprobada y luego archivada por el Congreso de la República.
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“Queremos hacerles llegar nuestra indignación y firme rechazo a este tipo de propuestas (5272, 5940) por las implicaciones ofensivas y discriminatorias que se hacen a la población”, indican en una carta abierta dirigida al presidente Giammattei y a los diputados.
La carta se emitió por la Asociación Psiquiátrica de Guatemala y la Asociación Guatemalteca de Psicología, en la cual se expone que la forma y contenido de las leyes promueven que sectores de la población “vivan bajo estigma, falsos estereotipos y prejuicios”.
“Independientemente de que se haya archivado, el intento de violencia a los derechos humanos ya tuvo un reacción dañina en la población”, afirman.
Ley “no se apega a la realidad”
De acuerdo con los agremiados, existe una secuencia de aspectos contenidos en la ley 5272 que no se apegan a la realidad del país.
Como ejemplo citan que más de 72 mil niñas y jóvenes entre 10 y 19 años fueron forzadas a ser madres durante 2021, según cifras oficiales recopiladas por el Observatorio de Salud Reproductiva (OSAR). Enfatizan que en las niñas menores de 14 años, fue producto de una violación.
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“Esta ley veta el derecho a la educación sexual” la cual consideran que es “crucial para el desarrollo del país”.
Asimismo, se menciona que los femicidios registraron un aumento del 31% entre enero y agosto del año pasado.
Al menos 21 personas LGBTIQ+ también fueron víctimas de muertes violentas en 2018, y la Organización Visibles documentó 39 crímenes asociados a identidad de género entre 2019 y 2020.
Abogan por la educación sexual integral
Afirmaron que existe evidencia científica, basados en programas de educación en salud sexual para jóvenes e intervenciones en salud pública en más 35 años. Aseguran que los resultados son adecuados y se citan en asesorías técnicas al Congreso de países latinoamericanos.
Por último enfatizan que las políticas públicas deben generarse de acuerdo a evidencia apegada a criterios de salud pública. Esto para tener una sociedad más sana, con menos problemas de salud mental, menos violencia y con mejores acceso a servicios de salud.
