Aifán, jueza durante 19 años, reconocida y respaldada por otros países, tuvo una trayectoria que quedó marcada por conocer múltiples casos de corrupción y crimen organizado de alto impacto.
Uno de los últimos casos más sonados tiene relación con el presidente Alejandro Giammattei y la declaración de un testigo. El exministro de Comunicaciones, José Luis Benito habría acordado entregar una cifra millonaria para la campaña de Giammattei. El Gobierno y el presidente negaron tal extremo.
Desde entonces, Aifán denunció que las amenazas en su contra fueron en aumento, a la vez que el Ministerio Público presentó cuatro solicitudes de antejuicio en su contra.
Fue con la captura de exintegrantes de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) que la fiscal general, Consuelo Porras anunció que accionaría nuevamente contra Aifán por el caso Comisiones Paralelas. El caso comenzó a tomar otro curso y no llegó a una sentencia.
Comisiones Paralelas
Este caso gira en torno a la posible influencia en el proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones.
La investigación reveló que habían grupos interesados en pactar impunidad y por eso seleccionar a magistrados a fines con el objetivo de cooptar el sistema de justicia. Involucra a actuales magistrados, dos ex rectores, abogados, entre otros políticos.
Gustavo Alejos, empresario y exsecretario de la Presidencia, recibió visitas de integrantes de las comisiones de postulación según la evidencia. Este caso más adelante alcanzó al exjuez Mynor Moto, ahora prófugo de la justicia.
Aifán enfrentaba una solicitud de antejuicio por haber ordenado investigar a jueces involucrados en este caso, pues los denunciantes, un grupo de magistrados de apelaciones, señalaron que no tenía facultad para hacerlo.
“Las redes políticas y criminales que se vieron afectadas por los avances de la justicia decidieron cooptar nuevamente las instituciones y perseguir a quienes nos atrevimos a combatir la impunidad”, dijo la exjueza, tras indicar que no contaba con las garantías de un debido proceso.
Caso Construcción y Corrupción I y II, Odebretch
Aifán conoció el caso Construcción y Corrupción, en el que hay empresarios señalados de pagar sobornos al exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi.
El exfuncionario habría construido una red de empresas “de cartón” para que a través de estas los empresarios de las constructoras simularan pagarles servicios que nunca se prestaron. De esta manera, de acuerdo a la investigación, Sinibaldi se habría agenciado de los sobornos a cambio de otorgar obras.
Aifán también ligó a proceso a Sinibaldi por el caso Odebrecht, junto al empresario Carlos Arturo Batres Gil. Según la investigación, pactaron recibir Q4.9 millones en sobornos de empresarios de la constructora brasileña. Ambos casos siguen en curso.
Caso Asalto al Ministerio de Salud
Otro proceso pendiente de resolución donde está señalado el exdiputado Estuardo Galdámez. La investigación señala que hubo una estructura criminal, entre el 2013 y 2014, que operó en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.
Se señala que hubo influencias para la contratación de personal y la adjudicación anómala del proyecto de construcción del Hospital de Ixcán, Quiché.
Otros casos que fueron designados al juzgado a cargo de Aifán fueron:
- Migración-Bitkov
- Red De Poder
- Asesoría Legal: Lavado de Activos
- Fénix
- Sierra Ovando
- Huistas
- Caja de Pandora
- Financiamiento Unionista
- Financiamiento FCN
- Lavado y Política
Empresarios que apoyaron a Jimmy Morales
La titular del juzgado “D” también juzgó el caso contra cinco grandes empresarios que admitieron haber financiado por Q8 millones a Jimmy Morales sin que los fondos fueran reportados ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Morales pidió dinero a los empresarios en 2015 para el pago de los fiscales de mesa, con el objetivo de “la defensa del voto” durante el escrutinio.
Caja de Pandora
Otra investigación designada a Aifán fue el caso Caja de Pandora, una estructura criminal que operaba desde la cárcel para influir en el nombramiento de funcionarios del Sistema Penitenciario. Se señaló además que habían cobros para el traslado de reclusos.