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Finanzas promueve iniciativa de ley para políticas de desarrollo de respuesta y recuperación del país

La instancia de Jefes de Bloque recibió este lunes 18 de abril a Álvaro González Ricci, titular del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), quien socializó los puntos importantes de la iniciativa de ley 6050, presentada recientemente por el Organismo Ejecutivo.

La propuesta plantea el Convenio de Préstamo Número 9194-GT, entre la República de Guatemala y el Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento (BIRF), el cual es denominado: “Préstamo para Políticas de Desarrollo de Respuesta y Recuperación ante la crisis en Guatemala”.

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González Ricci expuso que el préstamo será de US mil $500 millones y servirán para reducir la emisión de bonos del tesoro, los cuales están destinados a financiar el presupuesto 2022 y que para el presente año se aprobaron por un aproximado de Q15 mil 900 millones.

Financiamiento

Asimismo, añadió que el Decreto 16-2021 dio vida al presupuesto del presente año, en el que se aprobaron los bonos del tesoro que se destinan a financiar programas de desarrollo y el funcionamiento de las carteras de Salud, Comunicaciones, Defensa Nacional, Economía, Educación, Trabajo, entre otras entidades gubernamentales de importancia para el país.

Por su parte, el diputado Marvin Alvarado, Quinto Secretario de Junta Directiva, expresó que con la aprobación de este convenio internacional se amortiguará la deuda externa y se financiará el presupuesto vigente para que se pueda continuar su ejecución en beneficio de la población guatemalteca.

Asimismo, el diputado Álvaro Arzú Escobar, jefe del bloque Unionista, solicitó que se cite al titular de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), para que exponga la estimación de la recaudación fiscal de este año y así evitar que se continúe de esta forma también con la emisión de bonos del tesoro.

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Los legisladores también cuestionaron la utilización de los saldos de caja del Estado, sin embargo, el ministro González Ricci informó que los fondos no se pueden utilizar sin la autorización del Congreso de la República y que están reservados ante cualquier eventualidad que provoque una crisis como las que ya sucedieron con la Covid-19 y, la crisis entre Rusia y Ucrania.

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