Cerca de cinco millones de dosis contra la Covid-19 se han vencido, la mayor parte pagadas con fondos públicos. La cifra en pérdidas superaría ya los Q440 millones. Ante este escenario, la reacción por parte del Ministerio de Salud y Asistencia Social (MSPAS) se percibe como “pasiva e incomprensible”.
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La defensora de salud de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), Zulma Calderón, considera que difícil de entender desde el punto de vista técnico que cada mes se perdieran vacunas.
“Es incomprensible que el ministerio no haya utilizado otras estrategias, pues las recomendaciones comenzaron a emitirse desde que se inició con la vacunación”, aseguró.
Una de las contradicciones ante la pérdida de vacunas es que la inmunización no avanza y Guatemala apenas supera el 41% con dos dosis, y luego cae a 18% con la tercera de refuerzo.
Poca información sobre compra de más vacunas
La información es escasa, llega tardíamente. “No se informa desde la vía oficial cómo van las gestiones para la compra de nuevos lotes y dentro de esto la gran preocupación es la inmunización de los niños”, advierte Calderón.
Desde el 8 de abril se paralizó la vacunación anticovid para menores y más de 450 mil ahora corren el riesgo de no recibir la segunda dosis a tiempo.
“Es difícil comprender que no se entendiera la urgencia de aumentar el uso de las vacunas y que no se vencieran”, expuso la defensora de salud de la PDH.
Uno de los riesgos es que la pandemia “no ha terminado”, avizora Calderón y recordó que en otros países la variante B.2 de Ómicron provocó rebrotes.
“Plan ha fracasado”
Para Calderón no se puede concluir más que “el plan de vacunación ha fracasado” y que “lamentablemente no se ha visto la capacidad del Ministerio de Salud para poner orden y enfrentar este desastre”.
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Los centros de datos, diputados y la Defensoría reclaman pasividad del Ministerio de Salud para dar respuesta. Por su parte el gobierno asegura que el mayor desafío es el rechazo a la vacuna.
También culpan a los grupos antivacunas de generan desinformación sobre los inmunizantes.
Los diputados opositores denunciaron deficiencias en la estrategia de comunicación pertinente dirigida a población indígena.
Ante el vencimiento de las vacunas, la responsabilidad tendría que ser penal para los responsables directos de la adquisición y administración de las vacunas, respondió Calderón.
Uno de los criterios inválidos, según la defensora, es que se avalara la compra de un “volumen exorbitante” de vacunas Sputnik V aún estando conscientes de que el sistema de salud no contaba con la cadena de frío y logística para su manejo.
Acciones legales y retardo
- La organización Acción Ciudadana interpuso una denuncia penal en contra de las autoridades del Ministerio de Salud y Asistencia Social por avalar la compra de vacunas Sputnik. Se señaló que el contrato tiene “evidentes indicios de corrupción” y se trató de “un negocio fraudulento”.
- Transcurridos diez meses de haber presentado la denuncia, la organización reclamó que no hay avances en la investigación ni acciones por parte del Ministerio Público y la Contraloría General de Cuentas para definir a los responsables.
