La presidenta del Organismo Judicial, Silvia Patricia Valdés envió a Gestión Penal de la Torre de Tribunales, expedientes de denuncias que se han promovido contra la exjueza de Mayor Riesgo “D” Erika Aifán.
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La orden de Valdés es que las denuncias que el Ministerio Público (MP) presentó contra Aifán en su función como jueza se designen y pasen a control de un juzgado. Incluyendo aquellas las que estaban pendientes de resolver por la Corte Suprema de Justicia.
Valdés también pidió remitir el expediente al Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia Penal para la distribución de las denuncias. Remarca además que la solicitud se hace “toda vez que la denunciada ya no goza del derecho de antejuicio”.
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Renuncia y exilio de Aifán
La jueza Erika Aifán, que atendía casos de corrupción de alto impacto, renunció en marzo al denunciar presiones desde redes criminales y temores por su seguridad.
La ahora exjueza hizo el anuncio desde Estados Unidos, donde se exilió.
Desde 2019, gozaba de medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por ser objeto de amenazas y hostigamientos en el marco de sus labores.
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“He conocido grandes casos de crimen organizado y estructuras de corrupción en todos los niveles del Estado de donde surgen el mayor número de presiones y amenazas en contra de mi independencia y de mi integridad”, agregó.
Entre los casos que atendía, figura el caso “Comisiones Paralelas” por el supuesto amaño para designar jueces de las cortes destapado en 2020 por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI). El principal señalado es el influyente empresario Gustavo Alejos, involucrado en varios casos de corrupción.
Denuncias contra exjueza
Aifán enfrentaba un proceso para quitarle inmunidad por haber ordenado investigar a jueces involucrados en ese caso, pues los denunciantes, un grupo de magistrados de apelaciones, señalaron que no tenía facultad para hacerlo.
La renuncia ocurrió un mes después de la captura de cinco exfiscales de la FECI y de una representante de la desaparecida Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), señalados de abuso de autoridad.
Esas detenciones se realizaron a pedido del Ministerio Público, a cargo de Consuelo Porras, incluida en una lista de personajes “corruptos” por Estados Unidos.
Ex funcionarios que trabajaron en órganos antimafias en Guatemala calificaron a esas detenciones como una “venganza” contra quienes lucharon contra la corrupción. La Fiscalía rechaza esas acusaciones.
La mayoría de los detenidos fueron puestos en libertad y otros siguen procesados por delitos menores.
Con información de AFP.
