La Junta Directiva del Concejo de Alcaldes Comunales de los 48 Cantones de Totonicapán, por medio de un comunicado oficial, manifiestan su rechazo a la reelección y el nombramiento por parte del presidente Alejandro Giammattei a María Consuelo Porras Argueta para que continúe al frente del Ministerio Público (MP).
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Asimismo, indican que en su momento habían manifestado desde el inicio del año el rechazo a la posible candidatura de Porras Argueta para ser tomada en cuenta nuevamente.
Lo hicieron directamente ante el Organismo Ejecutivo y ante la Comisión de Postulación en donde presentaron su postura como organización indígena; una de las tachas en contra de Porras.
“Si bien es cierto que el artículo 251 de la Constitución establece que el Presidente de la República es quien nombrará al Fiscal General (…), debió hacer hincapié a lo que establecen los artículos 140 y 141 dela Constitución, que establecen que nuestro sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo y que la soberanía radica en el pueblo”, añaden.
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Por otra parte, la organización indígena insta al mandatario Giammattei a que “revierta su decisión y deje sin efecto el Acuerdo Gubernativo 25-2022, destituya a la Fiscal General por el periodo nombrado y que elija a otra persona idónea dentro de los candidatos”.
Sobre acciones a tomar
Por otro lado, la organización aseguró que, como primera acción se envió este comunicado para que pueda trascender, “y que el pueblo guatemalteco se entere que estamos en total desacuerdo”.
“Las acciones que vamos a tomar las vamos a estar notificando en el transcurso de las horas o días”, dieron a conocer.
“Designada” por EE.UU.
Mientras tanto, el Departamento de Estado de los Estados Unidos indicó que designada a Porras Argueta “por su participación en corrupción significativa” por parte del Departamento de Estados de EE.UU.; esta vez la sanción incluye a su esposo.
“Durante su mandato, Porras obstruyó y socavó repetidamente las investigaciones anticorrupción en Guatemala para proteger a sus aliados políticos y obtener favores políticos indebidos”, indica la entidad estadounidense.
