Juana Alonzo Santizo, mujer maya Chuj, de 35 años, decidió migrar para escapar de la pobreza y ayudar a su familia; sin embargo, en el trayecto hacia los Estados Unidos fue detenida e inculpada por un caso de secuestro, razón por la que ha pasado siete años encarcelada en Tamaulipas.
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El caso de Juana Alonzo, originaria de San Mateo Ixtatán, Huehuetenango, llegó hasta el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien pidió este jueves su pronta liberación.
Presidente pide liberación de Juana Alonzo
Las organizaciones y familiares que acompañan a la migrante guatemalteca denunciaron que la detención fue ilegal, pues se le acusó de tráfico de personas aunque nunca se comprobó que cometió delito alguno.
Aseguran que al ser detenida no hablaba español y aún así le hicieron firmar documentos a sabiendas de que estaba indefensa. Además, indican que hay evidencias de que en su captura sufrió torturas, que no tuvo acceso a un abogado, a un intérprete, ni atención médica.
“Ayer una compañera habló de una mujer migrante detenida y tiene razón la compañera y hay todas las pruebas de que fue torturada y lleva años detenida”, expresó el mandatario en su conferencia matutina.
López Obrador, dijo que ante la aceptación de que la captura de Alonzo Santizo fue un error, pidió al gobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca, que apoye para que hoy mismo pueda ser liberada.
“Le pido al gobernador (Francisco Javier Cabeza de Vaca) de manera respetuosa, que nos ayude, que se libere a esta migrante. Hay todas las pruebas de que fue torturada […] Ojalá y lo hagan hoy, porque aceptaron que era una injusticia”, expuso López Obrador.
La captura de Juana tuvo lugar en una casa donde un coyote la mantuvo junto a otra migrante menor de edad. La policía la vinculó entonces con el grupo de traficantes.
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La vincularon con los coyotes
Juana tenía previsto cruzar hacia los Estados Unidos, pero fue retenida junto a otras migrantes por el coyote en una casa. La policía irrumpió en el recinto ubicado en la colonia Villa Diamante en Reyna, Tamaulipas, donde la detuvieron y luego la vincularon con los traficantes.
Al solo hablar idioma chuj, de su lugar de origen, no entendía los cargos y no obtuvo acceso a un intérprete.
Se le inculpó de secuestro y durante la declaración fue forzada a ratificar los hechos. Luego fue enviada a prisión preventiva y obtuvo ayuda consular hasta cuatro años más tarde.
Sus mismas compañeras en el penal le advirtieron de que no debía firmar documentos que no comprendía y le enseñaron a hablar español.
El caso llegó a la Oficina de Naciones Unidas (ONU) que apoyó a la familia para interponer una denuncia por tortura.
Además, la ONU gestionó en Guatemala el apoyo con la Procuraduría de los Derechos Humanos, el Ministerio Público y el de Relaciones Exteriores.
Familiares piden liberación
Los años que Juana Alonzo Santizo ha pasado en prisión en Reynosa, México, desde 2014, han sido un golpe para su familia. Sus hermanos invirtieron tiempo y muchos recursos económicos para poder mantenerse en contacto con ella y apoyarla para su liberación.
Incluso uno de ellos migró y trabajó en los Estados Unidos para poder darle acompañamiento y conseguir que pudiera defenderse ante el proceso judicial.
En enero de este año, familiares y amigos de Juana Alonzo viajaron 15 horas desde San Mateo Ixtatán y se manifestaron frente a la Embajada de México en Guatemala y Relaciones Exteriores. Pidieron agilizar los procesos y su pronta liberación.
