Con la excusa de atender la desnutrición infantil, los congresistas del oficialismo ampliaron una vez más el presupuesto por Q290 millones de la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición y Fortalecimiento de la Salud.
No obstante, en la propuesta que hicieron integrantes de los bloques UNE, Vamos, UCN, Prosperidad Ciudadana y otros, establecieron que esos fondos los utilicen los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes).
En la reforma aprobada por el oficialismo, los fondos deben “utilizarse” en proyectos de agua, como saneamiento, drenajes, educación, infraestructura y otros proyectos relacionados.
Aunque los diputados justificaron los fondos para buscar reducir el problema de desnutrición, el Ministerio de Salud ha mostrado baja ejecución en el préstamo “Crecer Sano”, que se aprobó en 2019. Y con la pandemia aumentaron los casos de desnutrición en niños menores de cinco años.
Diputados de la oposición señalaron que la entrega de fondos sería utilizado por el gobierno para la campaña electoral. Donde congresistas se han unido al presidente en sus giras departamentales en la inauguración de obras.
La nueva ampliación presupuestaria es la quinta que aprueban los congresistas durante el presente año, la principal fue al Ministerio de Comunicaciones con Q3 mil millones. Luego al Ministerio de Energía y Minas para el subsidio al propano y combustibles. Y al Instituto Nacional de Electrificación (INDE) en apoyo al costo de la energía eléctrica.
Sin control en uso para el oficialismo
A pesar de que el gobierno de Giammattei se mofa de la transparencia y lucha contra la corrupción, los diputados le autorizan más fondos sin controles.
Ayer, los legisladores decidieron que los Codedes utilicen los fondos que no ejecuten en el presente periodo pasen a 2023. Lo cual los exime de que esos recursos ingresen al Fondo Común y el Estado cuente con más recursos al inicio del año.
El párrafo que eliminó la alianza oficialista del artículo 41 del Presupuesto establecía que “los Codedes que tengan saldos en la cuenta única del Tesoro y no hayan sido desembolsados los pagos correspondientes a las unidades ejecutoras. Previo a que el Ministerio de Finanzas realice a los mismos, deberán utilizar dichos saldos”.
Asimismo, modificaron el artículo 82 del presupuesto, ya que tampoco se permite el control para la corroboración de obras. Pues incluyeron el párrafo “se exceptúa de la implementación digital aquellos proyectos que, por tener ubicación, en el área rural, carezcan de servicios adecuados para su implementación y funcionamiento. El archivo de tales proyectos podrá estar compuesto de fotografías que muestren el avance progresivo de los mismos”.
Sin embargo, la oposición señaló que por tener conocimiento y debido a las condiciones de los caminos rurales no se tendrá certeza si las fotografías que presenten en los proyectos corresponden al proyecto de carretera o que realmente se concrete la obra.
La eliminación de ese tipo de supervisión aumenta la desconfianza sobre la ampliación del presupuesto a Comunicaciones. Sobre la mejora de la red vial en “caminos estratégicos”, como lo defendieron varios diputados del oficialismo
Preocupación
El Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) presentó un informe sobre el gasto de funcionamiento del presupuesto general. El investigador Jorge Lavarreda mostró preocupación porque el aumento de gastos de egresos sean para pago de salarios. Cuya fuente de financiamiento es la contratación de deuda pública.
Situación que compromete a las generaciones futuras por la contratación de personal por contrato