Organizaciones de Derechos Humanas, representantes de la sociedad civil, expusieron durante una audiencia en la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) denunciaron que en Guatemala existe una alianza político-económico-criminal que se ha incrustado en el poder para generar impunidad.
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En la audiencia participaron representantes de organizaciones como Convergencia por los Derechos Humanos y la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Guatemala (UDEFEGUA).
Iduvina Hernández, de Convergencia por los Derechos Humanos, detalló que como acciones fraudulentas la elección del rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, la integración de las altas cortes y la instrumentalización del Ministerio Público (MP) en alianza con el mecanismo nacional contra la tortura y otras organizaciones, no estatales.
Además, manifestó su preocupación por las detenciones ilegales en el marco de manifestaciones, hasta la fecha contabilizan 28 capturas de guatemaltecos en siete protestas. Así como el alto riesgo que corre los profesionales de la comunicación.
Asimismo, expuso la persecución y criminalización en contra de jueces y fiscales del MP como el juez Miguel Ángel Gálvez, la exjefa de CICIG en Quetzaltenango, Virginia Laparra, el exjefe de FECI, Juan Francisco Sandoval y las más recientes denuncias espurias contra la exfiscal Claudia Paz y Paz.
Jorge Santos, de UDEFEGUA, también destacó la situación de operadores de justicias y de personas defensoras de la tierra y los recursos naturales, quienes son agredidos por cuerpos militares. Denunciaron procesos de criminalización y difamación en contra de los liderazgos en las comunidades. Contabilizan 1 mil 002 agresiones a defensores, operadores de justicia y periodistas.
Estado se defiende
Por su parte, la delegación oficial de Guatemala aseguró que el Estado no acepta que en este tipo de audiencias se indilgue responsabilidad internacional o lesionar el honor de funcionario y empleados públicos.
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A su criterio es inconsistente que se denuncie una crisis del Estado Democrático del Estado del país ya que demerita la labor de los funcionarios de gobierno. Agregó que el Estado de Guatemala es el principal garante de la lucha contra la corrupción y no como lo han presentado las partes.
En relación a la FECI, rechazó los señalamientos ya que indicó que dicha fiscalía actúa con principios de legalidad y que la fiscal general, Consuelo Porras, no incide en las investigaciones de la FECI.
Asimismo, aseguró que el Congreso ha definido 18 órdenes del día para elegir magistrados para cumplir con el mandato de la Corte de Constitucional y 18 órdenes del día para elegirlos. Con respecto a los procesos para elegir Fiscal General, PDH y PGN, detalló que han sido públicos y transparentes.
Con relación a los jueces, asegura que existe la independencia de poderes y que los jueces son nombrados por la Corte Suprema de Justicia y que la ley de la carrera judicial regula al respecto y que los afectados pueden presentar denuncia. Por último, solicitó que contraste la información rendida en la audiencia y declara que no existe persecución ni criminalización de defensores de justicia y Derechos Humanos
