Organizaciones internacionales presentaron ante la Sala Tercera de Apelaciones de Guatemala un Amicus Curiae sobre estándares de Derechos Humanos en materia de Libertad Personal y Prisión Preventiva que se deben aplicar en el caso de la exfiscal Virginia Laparra, quien estuvo al frente de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) de Quetzaltenango.
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Las organizaciones que accionaron a favor de la exfiscal del Ministerio Público (MP) son: WOLA, Impunity Watch, Fundación para la Justicia, entre otras.
La envían a juicio
El 7 de junio pasado, Laparra fue enviada a juicio por abuso de autoridad, tras ser arrestada en febrero en medio de una ola de detenciones de juristas que generó el rechazo de Estados Unidos.
“Con base en los medios de investigación presentados, la Fiscalía de Asuntos Internos logró que se envíe a juicio a” Virgina Laparra “por el delito de abuso de autoridad”, señaló el Ministerio Público (MP) en Twitter.
La exjefa de la FECI en Quetzaltenango está acusada de haber denunciado a un juez por faltas administrativas sin poseer esa atribución. La exfiscal continúa en prisión preventiva pues el juzgador rechazó el pedido de arresto domiciliario solicitado por Laparra.
Organizaciones han denunciado que a la jurista solo se le permite “ver la luz del sol” pocas horas al día. Antes de la resolución, decenas de manifestantes y activistas sociales exigieron la liberación de Laparra.
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“Estamos presentes en apoyo a Virginia Laparra, una fiscal (…) que fue criminalizada por haber hecho lo correcto”, declaró a la AFP el activista Saúl Interiano en la sede de tribunales en el centro capitalino.
“Está detenida injusta y arbitrariamente ya desde hace más de tres meses y estamos aquí para pedir su pronta libertad”, agregó Mayra Rodríguez, integrante del Sector Interreligioso Centinelas.
La petición de captura fue hecha por el Ministerio Público a cargo de Consuelo Porras, sancionada el año pasado por Washington que la incluyó en un listado de personajes “corruptos”.
