El Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió rechazar in limine la solicitud de antejuicio presentada por Jerzi Natael Velásquez Alvarado en contra del juez Miguel Ángel Gálvez Aguilar, titular del Juzgado Primero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente, con competencia para conocer procesos de Mayor Riesgo, del Grupo B.
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Velásquez Alvarado es implicado en el caso conocido como “Cancerbero“.
Según el planteamiento por parte de Velásquez para solicitar el retiro de inmunidad de Gálvez, era que el juzgador habría incurrido en los delitos de abuso de autoridad y prevaricato luego de que emitiera dos resoluciones en el mismo caso.
Sobre el caso
La desaparecida Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) presentó este caso el 20 de noviembre de 2014, donde se indicó que habían sido detenidos los supuestos miembros de dicha estructura criminal, la cual era liderada por Haroldo Mendoza Matta.
“Mendoza Matta que se dedicaba a realizar patrullajes, control de entrada y salida de personas, vigilancias periféricas, y delitos como homicidios, quema de cosechas, robo y matanza de semovientes, allanamientos a domicilios, matanzas y desapariciones de personas y despojo de tierras en los departamentos de Izabal y Petén”, se dijo en ese momento.
Velásquez Alvarado, quien operaba como jefe de seguridad de Mendoza Matta, fue capturado en Izabal junto con otras cinco personas.
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El 27 de noviembre de ese año fueron ligados a proceso Jerzi Velásquez y Haroldo Mendoza por los delitos de asociación ilícita, dos asesinatos, allanamiento con agravación específica, robo agravado, conspiración para el robo agravado y secuestro.
Falta de respaldo
En mayo de este año, el juez Gálvez indicó que, tras dictar una resolución del caso Diario Militar por medio de la cual envió a juicio a nueve personas, han surgido intimidaciones en su contra.
Durante una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, indicó que todo el panorama le preocupa, pero especialmente las amenazas directas por parte de alguien a quien solo se refirió como “este personaje” que, según expuso, actuó desde el mismo día que se emitió el fallo.
“A raíz de eso, lo que me llamó la atención es que si lo habla o amenaza una persona común y corriente no hay problema, el problema es que da la impresión que hay una concertación de todas las instituciones, incluyendo el Organismo Judicial (OJ)”, dijo.
* Con información de CSJ.
