El Ministerio Público tiene previsto presentar los medios de prueba en contra de Virginia Laparra, exjefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), acusada por abuso de autoridad.
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La exfiscal fue detenida en febrero en medio de una ola de detenciones de fiscales anticorrupción que generó el rechazo entre la población, organizaciones y la comunidad internacional.
La audiencia se desarrolla este viernes a puerta cerrada en el Juzgado Séptimo Penal.
Piden liberación de Laparra
Previo a la llegada de Laparra a Tribunales, un grupo de personas se acuerpo a un costado del edificio y pidió su liberación. Con pancartas y micrófono en mano se expresaron consignas en apoyo a la exfiscal.
“Como parte de su trabajo, ella identificó que había un juez que estaba filtrando información de un caso que estaba en reserva. ¿Qué es lo que hubieran hecho ustedes? Virginia hizo lo correcto”, dijo uno de los manifestantes en el lugar.
Recordó que Laparra no denunció de manera aislada sino lo hizo en acompañamiento de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Las organizaciones que la respaldan han denunciado que a la jurista solo se le permite “ver la luz del sol” pocas horas al día.
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Hace dos meses el juez rechazó el arresto domiciliario solicitado por su defensa.
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Se tiene previsto que durante la diligencia de este viernes, también se fije una fecha para el inicio del juicio en su contra.
El caso a cargo de la Fiscalía de Asuntos Internos del Ministerio Público se inició por una denuncia interpuesta por el exjuez de Mayor Riesgo, Lesther Castellanos. Laparra está acusada de haber denunciado a un juez por faltas administrativas sin poseer esa atribución.
Castellanos, actual relator contra la Tortura, cuestionó la facultad de la exfiscal para presentar denuncias administrativas en su contra.
En el caso participan como querellantes la Fundación contra el Terrorismo (FCT) y el abogado Omar Barrios.
Antecedentes
La solicitud de captura de Laparra fue hecha por el Ministerio Público a cargo de Consuelo Porras, sancionada el año pasado por Washington que la incluyó en un listado de personajes “corruptos”.
Porras es señalada de dirigir un plan de persecución contra exfiscales de la FECI y de la CICIG, adscrita a la ONU, que ventilaron importantes casos de corrupción.
En febrero también fueron arrestados cinco abogados de ambas instancias. Algunos han salido bajo fianza y a otros se les desestimaron los cargos, principalmente por abuso de autoridad.
