Diputados del Grupo Parlamentario de Oposición accionaron legalmente en la Corte de Constitucionalidad contra la iniciativa de ley 6076, que busca fortalecer a la Policía Nacional Civil y al Ejército.
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Los congresistas presentaron un amparo ante la “amenaza de aprobación” de la iniciativa “para el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad pública y del Ejército de Guatemala”.
El diputado Orlando Blanco dijo que la iniciativa está mal nombrada, ya que en vez de fortalecer a las fuerzas públicas tiene otro trasfondo. Añadió que el proyecto de ley, además, riñe con tratados internacionales a los que Guatemala está adscrita.
“Creemos que esta iniciativa no solamente responde a intereses políticos oscuros sino que además es retrograda y riñe con la Constitución y otros tratados internacionales”, afirmó Blanco.
La propuesta de ley 6076 especifica cómo deberían actuar las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones en distintos niveles de resistencia. Esto incluye las intervenciones de miembros de la Policía Nacional Civil, el Ejército y la Secretaria de Asuntos Administrativos y de Seguridad.
Además, modifica la penalización y garantiza que en caso los agentes activen sus armas o hagan uso de la fuerza durante las manifestaciones, puedan recibir una medida sustitutiva. Además, podrían recibir asistencia jurídica de instituciones públicas en caso haya un proceso en su contra.
De acuerdo con Blanco, la composición del proyecto de ley contraviene con las leyes específicas del Ejército y la Policía.
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El diputado Jairo Flores añadió que la normativa violenta, entre otros derechos, el de la libertad de expresión y pensamiento.
Iniciativa de ley sigue sobre la mesa
El Concejo de alcalde de los 48 cantones de Totonicapán también rechazan la aprobación de la iniciativa y le exigen a los diputados, especialmente de ese departamento, que se rehúsen a apoyarla y dar su voto a favor.
“Se pretende crear una ley para justificar a las fuerzas publicas de reprimir al pueblo”, expusieron a través de un comunicado.
Además de expresar su postura, los representantes del Concejo viajaron hasta el Congreso y expusieron su inconformidad a la presidenta Shirley Rivera.
La iniciativa se aprobó en primer debate, pero ante el reclamo se envió a la Dirección de Asuntos Jurídicos del Congreso para su análisis. De esa forma, el proyecto quedó fuera de la agenda legislativa momentáneamente.
El Congreso pidió además a la Corte de Constitucionalidad una opinión consultiva, pero ese dictamen no es vinculante y por tanto no es de carácter obligatorio para los diputados.
