La alcaldía indígena de los 48 Cantones de Totonicapán expresó su retundo rechazo y pidió al Congreso de la República que no agende y apruebe el proyecto 6076, “Ley para el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad pública y del Ejército”, al considerar que se trata de “una aberrante” iniciativa.
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El Concejo pidió a la presidenta del Congreso, Shirley Rivera que cumpla el compromiso que les hizo la semana pasada y no agende la iniciativa. Los representantes viajaron hasta Guatemala a finales de la semana pasada para exponer a los diputados su rechazo a la normativa.
La acción frenó momentáneamente su avance, pues Rivera se comprometió a que la iniciativa no se discutiría desde la instancia de jefes de bloque, donde se proponen y aprueban los temas que serán incluidos en agenda para la semana.
Los 48 cantones afirman que siguen agotando el diálogo y que el Congreso debe reconocer que la insistencia puede provocar mayor malestar entre la población.
Contenido de la iniciativa de ley 6076
La propuesta de ley 6076 aumenta la capacidad de respuesta de las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones en distintos niveles. Esto incluye las intervenciones de la Policía Nacional Civil, el Ejército, Sistema Penitenciario y la Secretaria de Asuntos Administrativos y de Seguridad.
Uno de los artículos especifica que las fuerzas de orden público podrán recurrir al uso de la fuerza, únicamente cuando otros medios resulten ineficientes para alcanzar un objetivo legítimo, o cuando sea probable que no se logre el resultado previsto.
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Pero según la oposición, parte de su contenido da lugar a otras interpretaciones jurídicas y más bien convertirse en una herramienta de represión contra los manifestantes. El diputado Jairo Flores expresó que la normativa además violenta, entre otros derechos, el de la libertad de expresión y pensamiento.
Ayer por la tarde, tres congresistas interpusieron un amparo en la Corte de Constitucionalidad para evitar su aprobación.
El iniciativa de ley 6076 ya avanzó y se aprobó en un primer debate en el hemiciclo. Sin embargo, ante la oposición, el Congreso optó por hacer una opinión consultiva a la Corte de Constitucionalidad. Asimismo, el proyecto se envió a la Dirección de Asuntos Jurídicos del Congreso para su análisis.
