La Junta Directiva del Congreso de la República aplazó una vez más la decisión en torno a la iniciativa de ley 6076, para el “fortalecimiento” de las fuerzas de seguridad. Ahora se fijó una nueva fecha.
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Esa fue la respuesta que recibieron los representantes de los 48 cantones de Totonicapán, quienes se oponen y rechazan el proyecto de ley, al considerarlo inconstitucional.
Ayer, el Concejo de alcaldes esperó en el Congreso tras finalizar la sesión plenaria en donde se discutió el proyecto. Al quedar inconcluso el futuro de la normativa, ellos decidieron permanecer en el lugar.
Fue hasta la media noche que una comitiva del Congreso les informó que hasta el próximo martes 21 se les dará una respuesta a la petición que hicieron para que se anule la iniciativa de ley 6076, aseguró Geovani Rosales, integrante de los 48 cantones.
Rosales afirmó que la población debe estar pendiente de la respuesta de los diputados, al considerar que tienen un voto de confianza. Esperan que los congresistas tomen en cuenta su petición “por el bien de la población de Guatemala”.
Expresan rechazo a iniciativa
La discusión en el Congreso se elevó de tono el pasado miércoles, cuando a los líderes indígenas se les negó el acceso a un palco para presenciar la sesión.
Los diputados opositores expresaron a la presidenta del Congreso, Shirley Rivera, su rechazo a la normativa y le urgieron a atender las petición y la voz de los 48 cantones de Totonicapán.
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Un día antes, tres diputados de oposición interpusieron un amparo en la Corte de Constitucionalidad para evitar la aprobación del proyecto de ley.
Rivera no pospuso incluir el tema en la agenda sino que optó por pedir una opinión consultiva a la Corte de Constitucionalidad (CC), lo cual aplazó su discusión temporalmente.
El diputado Aldo Dávila explicó que la opinión consultiva no es vinculante a la hora de votar a favor o en contra de la creación de la ley. Por ello, indicó que presentaron la acción de amparo con la intención de no sea aprobada.
