La Junta Directiva del Congreso de la República acordó engavetar la iniciativa de ley 6076, o Ley para el Fortalecimiento de las Fuerzas de Seguridad.
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El diputado y quinto secretario de la directiva, Marvin Alvarado, lo afirmó así en una reunión que se desarrolla en estos momentos, junto a los representantes de los 48 cantones de Totonicapán.
Ante lo expuesto por el congresista, los alcaldes indígenas les han solicitado un soporte que, para mayor certeza, garantice de que la normativa ya no será incluida en agenda de las próximas sesiones plenarias.
Los representantes de Totonicapán expresaron desde semanas atrás su rechazo a la iniciativa a la presidenta del Congreso, Shirley Rivera, quien no estuvo presente en la reunión de este martes.
Geovani Rosales, presidente de los 48 cantones, afirmó que las acciones de rechazo se enmarcan para proteger el derecho constitucional a la manifestación y libertad de expresión.
“Hemos venido a dar nuestra postura clara y a exigir un derechos que tenemos. Como representante de los 48 cantones y con respaldo con las 48 comunidades que hoy están presentes y atentas”, declaró.
Rosales añadió que se apeló al diálogo y su presencia no responde a titulo personal sino “a nombre de un pueblo”.
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Además de la oposición del colectivo, tres diputados de oposición accionaron legalmente ante la Corte de Constitucionalidad para que el proyecto de ley no se aprobara.
Diputados divididos en opinión sobre iniciativa
La propuesta de ley 6076 especifica cómo deberían actuar las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones. Esto incluye las intervenciones de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ejército; además del Sistema Penitenciario y la Secretaria de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS).
El diputado Boris España, presidente de la Comisión de Gobernación, la cual dio dictamen favorable a la iniciativa, argumentó que la ley es necesaria.
España explicó sus razonamientos durante una entrevista en A Primera Hora de Emisoras Unidas.
El diputado dijo que la iniciativa permite a las fuerzas de seguridad no solo reaccionar en contra de manifestantes, sino en acciones contra el crimen organizado y narcotráfico. La normativa, aseguró, establece los niveles de amenazas y las escalas de reacción de las fuerzas de seguridad.
No obstante, la oposición considera que la normativa tiene como objetivo otros fundamentos y que a futuro podría interpretarse con otro sentido.
El diputado Orlando Blanco la calificó como una “ley mordaza” y afirmó que lo que buscan es reprimir las manifestaciones.
