Trece organizaciones que firman un comunicado conjunto han mostrado su preocupación por el proceso de contratación del sistema de procedimientos y equipos para el proceso electoral 2023 por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
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Según las organizaciones, su preocupación deriva “por la ausencia de suficientes y convincentes señales de transparencia en el proceso de adjudicación y adquisición del Modelo tecnológico para el desarrollo del proceso electoral 2023”.
“Anomalías”
Las supuestas anomalías que se advierten en el proceso de contratación de dicho sistema son la siguientes, de manera literal:
- “El proceso se realizó sin los estándares de transparencia y publicidad que requiere un evento de tal trascendencia. Fue publicado en forma única y por corto tiempo, en el sitio del TSE. El haber carecido de la necesaria difusión y publicidad, impidió una sana competencia de oferentes.”
- “Únicamente se otorgaron ocho días para presentar ofertas, a pesar de la complejidad y envergadura técnicas.”
- “Las bases establecidas del proceso solicitaban cuantiosos requerimientos técnicos imposibles de cumplir a menos que se conocieran con anterioridad. Ello también evitaría la participación de otros oferentes eliminando así la sana competencia.”
- “Según las bases de este evento, la adjudicación puede ser aprobada o bien por el presidente del SE o bien por su pleno de magistrados.”
- “No se ha logrado información clara y precisa, por parte de los miembros del TSE en relación a este proceso.”
“Único oferente”
Por otro lado, se indica en el comunicado que se tiene conocimiento de la participación de un único oferente sin experiencia en el mercado del país.
“La empresa, constituida en las Islas Vírgenes Británicas, fue inscrita como sucursal en Guatemala apenas el 16 de junio de 2022 y precalificada como proveedor del estado (RGAE) el 6 del mes en curso de este mismo año, con una celeridad que no parece corresponder a la categoría para la cual se registró”, indican.
Finalmente, y habiendo expuesto lo anterior, esperan una reacción por parte del TSE y de la junta receptora de ofertas para que quede sin efecto dicho proceso y reiniciar uno que cumpla con los principios de transparencia, calidad del gasto y apego a la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento.
