En sus conclusiones, César Calderón, abogado del exbinomio presidencial durante el gobierno del extinto Partido Patriota, Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, solicitó que sean absueltos en el caso La Línea.
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Calderón dijo al Tribunal de Mayor Riesgo “B” que el Ministerio Público (MP) no pudo demostrar que recibieron dinero. Esto se da luego de que el ente investigador pidiera que ambos sean condenados a 30 años de prisión.
Detalles sobre el caso La Línea
El MP solicitó el martes, 18 de octubre de 2022, una condena de 30 años de prisión contra el expresidente por supuestamente haber liderado una estructura criminal que operaba en los puertos del país y defraudó por millones de quetzales al Estado.
La Fiscalía finalizó ese día la etapa de conclusiones en el juicio que se celebra contra Pérez Molina y Baldetti, y otros 28 exfuncionarios más acusados de operar una estructura criminal supuestamente dedicada a la defraudación aduanera.
El ente investigador solicitó al Tribunal de Mayor Riesgo “B” una sentencia de 30 años de prisión y una multa de US $9,3 millones contra Pérez Molina y su exvicepresidenta.
La fiscal Leslie Rosales, quien está a cargo de la acusación contra el ebinomio presidencial, fundamentó su petición con escuchas telefónicas y señalamientos directos de testigos protegidos que aseguran que Pérez Molina y Baldetti dirigían la estructura criminal.
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Los delitos que pesan contra los exgobernantes son asociación ilícita, caso especial de defraudación tributaria y enriquecimiento ilícito.
Dicha estructura criminal, denominada “La Línea”, se encargaba de realizar cobros ilícitos a importadores en los puertos del país a cambio de reducir el pago de impuestos por sus mercaderías, de acuerdo con la investigación de la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
La Fiscalía también solicitó 32 años de prisión contra Carlos Muñoz y Omar Franco, dos de las máximas autoridades de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) durante los años en los que la estructura criminal habría funcionado.
Para el resto de implicados, donde figuran técnicos aduaneros y enlaces externos de la organización, la fiscalía solicitó penas que van de 10 a 22 años de prisión.
