Las organizaciones que integran la Alianza por las Reformas rechazan el uso malicioso del antejuicio y las campañas de desprestigio en contra del juez Miguel Ángel Gálvez, titular del juzgado de Mayor Riesgo B.
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“Es inaceptable que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) haya admitido una denuncia espuria y maliciosa en contra del juez Gálvez presentada por la Fundación contra el Terrorismo, cuyos miembros han sido sancionados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos por obstruir la justicia y socavar la democracia, y que se ha dedicado de manera sistemática a atacar a operadores de justicia, periodistas y personas que defienden derechos humanos en Guatemala”, dice el pronunciamiento de las organizaciones.
De acuerdo con Alianza por las Reformas, la CSJ nombró como pesquisidor al magistrado Roaldo Chávez, quien fue compañero de estudios y es amigo de Raúl Falla, abogado de la Fundación contra el Terrorismo, y por lo tanto tiene un evidente conflicto de interés para conocer el antejuicio. Sin embargo, la dicha corte rechazó la recusación y confirmó al juez como pesquisidor, y citó a Gálvez para el viernes 4 de noviembre a las 14:00 horas, sin garantizarle las condiciones adecuadas para defenderse de los señalamientos espurios de la fundación.
“Es importante destacar que el juez Gálvez es uno de los juristas más respetados del país. Ha conocido casos de gran corrupción y graves violaciones a los derechos humanos ocurridos durante el conflicto armado interno, como los casos de genocidio contra el Pueblo Maya-Ixil, La Línea, Cooptación del Estado, Bancafé, entre otros. En mayo de este año, envió a juicio a 9 exmilitares y policías acusados de desaparición forzada y otros crímenes de lesa humanidad en el Caso Diario Militar; y desde entonces, la Fundación contra el Terrorismo y grupos de exmilitares han intensificado los ataques y las amenazas en contra del juez”, detalla un comunicado de Alianza por las Reformas.
juez Miguel Ángel Gálvez cuenta con medidas cautelares
Asimismo, se recordó que el juez Gálvez cuenta con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde el 2016, y en julio de 2022 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) le otorgó medidas provisionales con el fin de proteger su integridad física y garantizar su independencia judicial.
Sin embargo, a criterio de las organizaciones, el Estado de Guatemala, lo continúa criminalizando y sin investigar a las personas y los grupos que están detrás de las amenazas y el hostigamiento en contra del togado.
“Por esta razón, exigimos que el Estado cumpla la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y cese la persecución en contra del juez Miguel Ángel Gálvez. Basta ya de seguir utilizando el sistema penal como instrumento de venganza en contra de jueces, fiscales, exfuncionarios de la CICIG, periodistas y personas que defienden derechos humanos”, culminó.
