La Corte de Constitucionalidad rechazó un amparo planteado por Jacobo Esdras Salan Sánchez en contra del Juez de Mayor Riesgo “B”, Miguel Ángel Gálvez, con el que buscaba dejar sin efecto la orden de aprensión girada en su contra del 19 de mayo de 2021 por su presunta implicación en el caso Diario Militar.
El postulante señala en el amparo que el 1 de junio de 2021 se presentó de manera espontánea ante el juez Gálvez, lo ligó a proceso por la posible comisión de los delitos de desaparición forzada, asesinato, asesinato en grado de tentativa y delitos contra los deberes de la humanidad, además le dictó prisión preventiva. Agrega que el 28 de marzo de 2022, se inició la audiencia de fase intermedia, la cual finalizó el 6 de mayo de 2022, en la que el juzgador aceptó la acusación formulada por el Ministerio Público y resolvió enviarlo a juicio.
Salan Sánchez considera lesionados sus derechos de defensa, a la tutela judicial efectiva, así como el principio jurídico del debido proceso y de legalidad, ya que a su criterio no existen circunstancias que puedan determinar la probabilidad de su participación en los delitos por los que fue procesado, no obstante ello, la autoridad reclamada dictaminó lo contrario.
A pesar de los argumentos planteados la Corte de Constitucionalidad, declaró sin lugar el amparo provisional promovido por el sindicado.
Diario Militar
De acuerdo con las pesquisas, en un documento denominado Diario Militar se exponen archivos de inteligencia sobre lo ocurrido entre los años 1983 y 1985.
Como parte del proceso judicial, la Fiscalía de Delitos contra los Derechos Humanos del Ministerio Público presentó evidencias contra los sindicados del caso “Diario Militar”, entre pruebas y peritajes, así como imágenes del también llamado “Dossier de la Muerte”.
El archivo que se investigó en 1999, recoge registros de torturas, asesinatos y desapariciones forzadas de al menos 183 personas.
El exministro de la Defensa, Marco Antonio González Taracena, ligado a proceso en el caso, fue jefe de la unidad de inteligencia y operaciones del desaparecido Estado Mayor Presidencial (EMP), durante el gobierno del general Óscar Humberto Mejía Víctores.
La fiscalía lo señala de 14 cargos por desaparición forzada, homicidio y crímenes contra la humanidad.
González Taracena era vicepresidente de la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (Avemilgua), cuando se le detuvo el 27 de mayo de 2021.
Vía Óscar Canel, Emisoras Unidas 89.7 FM*