La Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad (AGJI) manifestó su respaldo al juzgador Miguel Ángel Gálvez Aguilar, fundador de esta asociación, en su decisión de renunciar a la judicatura y salir del país, por los ataques en su contra y la imposibilidad de continuar ejerciendo la judicatura en Guatemala, señaló en un comunicado.
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Gálvez quien renunció el 15 de noviembre pasado, mientras enfrentaba un proceso de antejuicio, también recibió el respaldó de la Federación Centroamericana de Juezas y Jueces por la Democracia que señalaron que la renuncia del Juez Miguel Ángel Gálvez es clara evidencia del desgaste del Estado de derecho y retrocesos del sistema democrático en Guatemala.
Además, manifestaron su enorme preocupación al observar el rápido y grave deterioro del sistema de justicia. Y consideran que el uso del derecho penal para criminalizar operadores de justicia es un ataque directo al Estado de derecho, sobre todo cuando no se garantizan las condiciones mínimas del debido proceso.
“Las instituciones que deberían ser las primeras garantes y protectoras de la independencia judicial son las mismas que facilitan la estrategia de criminalización que afecta personas en lo particular, pero que genera un efecto intimidatorio en jueces y juezas en el cumplimiento de sus importantes funciones”, indica el comunicado.
La renuncia del juez Gálvez
La renuncia de Gálvez se suma a la salida del país de varios exfiscales antimafias y jueces debido a procesos en su contra impulsados por la fiscal general Consuelo Porras, designada en mayo pasado por el presidente Alejandro Giammattei por cuatro años más en el cargo.
Otros exfiscales han sido encarcelados a petición del Ministerio Público a cargo de Porras, sancionada el año pasado por Estados Unidos que la incluyó en una nómina de personas “corruptas y antidemocráticas”, o Lista Engel.
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“Durante el tiempo laborado no había entendido como lo entiendo ahora que la justicia es cuestión de poder y no control de poder”, precisó Gálvez.
El juez cobró notoriedad en 2013 al enviar a juicio al ex dictador Efraín Ríos Montt (1982-1983) por genocidio. El general retirado fue condenado por un tribunal a 80 años de cárcel, pero la corte constitucional ordenó repetir el juicio.
El juez también envió a prisión al expresidente Otto Pérez y su exvicepresidenta Roxana Baldetti (2012-2015) señalados de dirigir una estructura de defraudación en las aduanas, acusación que los obligó a renunciar en 2015. Un tribunal tiene previsto emitir una sentencia contra ambos en las próximas semanas.
Vía Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7 FM y AFP
