El Ministerio Público (MP) solicitó al Juzgado de Mayor Riesgo “A” enviar a juicio a la excandidata presidencial Sandra Torres por los delitos de asociación ilícita y financiamiento electoral por su presunta implicación en el caso “Financiamiento UNE”.
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Dicho caso de financiamiento, surgió como parte de la investigación de surgen de “Traficantes de Influencias”. El partido UNE supuestamente no reportó Q27 millones, que sirvió para la campaña de 2015, según las pesquisas, fueron canalizados mediante tres empresas, lo cual no fue reportado al Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Posteriormente, se filtraron audios, los cuales supuestamente evidencian que Torres conversa con Gustavo Alejos acerca de un posible financiamiento de Q40 millones.
Esos recursos no fueron reportados por la UNE al Tribunal Supremo Electoral aseguró el MP.
Libertad condicional
El pasado 11 de octubre la Corte de Constitucionalidad (CC) confirmó, la medida de libertad condicional con la que fue beneficiada la excandidata presidencial, Sandra Torres.
El Ministerio Público presentó una impugnación ante el máximo tribunal en materia constitucional para revocar dichas medidas sustitutivas de Torres; sin embargo, los magistrados fallaron a favor de la también ex primera dama del país.
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El ente investigador, a cargo de la fiscal general Consuelo Porras, buscaba que Torres regresará al centro de detención en Mariscal Zavala, en donde cumplía prisión preventiva por el caso en el que es procesada. No obstante, en enero de 2020 fue beneficiada por la juez Eva Recinos con arresto domiciliario. La juzgadora cubría un periodo de vacaciones de la titular del Juzgado de Mayor Riesgo A, Claudette Domínguez.
Con información de Óscar Canel, Emisoras Unidas 89.7
