Un tribunal condenó este martes a la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, a seis años de prisión y la inhabilitó para ocupar cargos públicos de manera perpetua por los delitos de fraude y corrupción. La funcionaria, de 69 años de edad, fue hallada culpable de “administración fraudulenta” en perjuicio del Estado, en el otorgamiento de obras viales en la provincia de Santa Cruz, de donde es originaria. Pese a la condena, Fernández de Kirchner no irá a prisión por contar con fueros.
El fallo en primera instancia abre un largo derrotero de apelaciones, y Fernández podría incluso presentarse a cualquier cargo en las elecciones generales de 2023, incluida la presidencia. La causa tiene, además, un fuerte impacto político en un país polarizado entre el gobernante peronismo y la oposición de derecha, en medio de una grave crisis económica con casi 100 % de inflación anual estimada.
Fiscalía pedía 12 años
Fernández de Kirchner estuvo acusada, junto a otras 12 personas, por la adjudicación supuestamente irregular de contratos de obras públicas en la provincia de Santa Cruz durante sus dos mandatos presidenciales.
La fiscalía pidió para ella 12 años de prisión al considerarla “jefa de una asociación ilícita” y por defraudación, además de solicitar la inhabilitación política para ejercer cargos públicos. El tribunal no aceptó el cargo de “asociación ilícita”.
De los 13 acusados en la causa, la mayoría exfuncionarios, nueve fueron condenados, tres fueron absueltos y uno tuvo su causa prescripta.
La funcionaria dijo que, más allá de la sentencia condenatoria, seguirá en política. “Opinar y decir lo que me parece que hay que hacer para salir y construir un país mejor para nuestra gente, a eso no voy a renunciar nunca”, advirtió. En sus palabras finales ante el tribunal, Fernández acusó a los jueces de haber “inventado y tergiversado” los hechos. “Esto es un pelotón de fusilamiento”, dijo.
*Con información de AFP