Cientos de policías fueron desplegados este martes en Honduras al entrar en vigencia el “estado de excepción” decretado por la presidenta Xiomara Castro para enfrentar a los pandilleros, que aterrorizan las barriadas pobres de las principales ciudades.
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En una ceremonia en un polvoriento campo de fútbol del barrio residencial La Alemán, en el sur de la capital, el director de la Policía Nacional, Gustavo Sánchez, ordenó a 600 oficiales y agentes iniciar el despliegue hacia barrios de la ciudad controlados por estas bandas.
Esta operación “es para hacerles frente a las estructuras criminales llamadas Pandilla 18 y MS-13”, en referencia a Mara Salvatrucha-13, así como a otras “estructuras del crimen organizado que se dedican a la narcoactividad”, dijo el director en rueda de prensa, antes del despliegue.
Veinte mil policías
“Vamos de frente contra el crimen organizado”, sentenció el funcionario.
Según Sánchez, en la operación participarán 20.000 policías en turnos rotatorios, incluyendo efectivos de la Policía Militar de Orden Público (PMOP), creada por el anterior presidente Juan Orlando Hernández con efectivos de batallones, que fueron enviados hacia las fronteras con Guatemala, Nicaragua y El Salvador.
El pasado jueves, Castro anunció “un estado de excepción” en el marco de “una emergencia nacional” para combatir a las pandillas, ante la constante presión de la ciudadanía que reclama seguir el ejemplo del vecino El Salvador, donde el gobierno de Nayib Bukele logró reducir la acción de estos grupos amparado en un estado de excepción que permite detenciones sin orden judicial.
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La presidenta destacó que la ofensiva se enfoca sobre todo a combatir los extorsionistas, “una de las principales causas de la migración y del cierre de medianos y pequeños negocios”.
Especialmente los transportistas han exigido al gobierno combatir a los pandilleros al haberse aumentado las extorsiones durante el gobierno de Castro, que se inició en enero.
Un decreto aprobado por Castro anotó que “en virtud de la grave perturbación de la paz y la seguridad que prevalece en las principales ciudades del país, ocasionada esencialmente por grupos criminales organizados (…) se resuelve: suspender las garantías establecidas en la Constitución de la República”.
A la Policía Nacional “se le faculta para detener a las personas que determine y considere responsables de asociarse, ejecutar, o tener vinculaciones en la comisión de delitos y crímenes” en 89 barrios de Tegucigalpa y 73 de San Pedro Sula entre el 6 de diciembre y el 6 de enero próximo, establece el decreto.
Control en cárceles
El director de las Fuerzas Especiales de la Policía, Miguel Pérez, dijo a la AFP que entre otras medidas contempladas en el decreto de emergencia se incluye el control de la venta de números de teléfonos móviles, porque la falta de control facilita su adquisición por extorsionistas y sicarios.
Asimismo, que el “espectro radioeléctrico en los centros penales sea totalmente bloqueado para evitar llamadas extorsivas” desde su interior.
El estado de excepción “está bien por la inseguridad. A mí me asaltaron, me pusieron una pistola en la cabeza y me quitaron el celular. Avisé a la policía y no hicieron nada”, dijo a la AFP la vendedora de una tienda del barrio La Alemán, que se identificó como Victoria Ruiz, de 35 años.
Narcotraficantes y pandilleros han llevado a Honduras a registrar una tasa de cerca de 40 homicidios por cada 100.000 habitantes, más de cuatro veces del promedio mundial.
* Con información de agencia AFP.
