Dos muertos dejó este domingo un enfrentamiento entre policías y manifestantes que protestan contra el nuevo gobierno de Perú en la remota ciudad de Andahuaylas, anunció el ministro Interior César Cervantes a la radio RPP.
“Lamentamos el fallecimiento ya de dos personas y varios heridos tras los enfrentamientos. Exhorto a la población a la tranquilidad”, dijo el ministro, poco después que la policía ya había anunciado la muerte de un manifestante.
Los enfrentamientos en el interior del país reclaman la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y la convocatoria a nuevas elecciones generales.
Las movilizaciones tomaron amplitud en varias ciudades del norte y sur andino por cuarto día en rechazo al Congreso y pidiendo además la liberación del expresidente izquierdista Pedro Castillo, destituido el miércoles 7 por el Congreso.
En la ciudad sur andina de Andahuaylas, la policía reportó una persona fallecida y cinco heridos, entre ellos un policía, tras violentos enfrentamientos en el intento de los manifestantes de tomar por asalto el aeropuerto de la ciudad.
A dicha terminal aérea iban a llegar refuerzos de la policía antimotines para contener a los miles de manifestantes en Andahuaylas, en la región Apurímac, cuna de Boluarte.
Unos atacaban con hondas y piedras, mientras que las fuerzas de seguridad repelían con gases lacrimógenos, según imágenes de medios en el lugar.
El local de la comisaría de Huancabamba, una localidad en Apurímac, fue incendiado reportó la radio RPP.
En la misma ciudad el sábado las protestas dejaron el sábado 16 civiles y cuatro policías heridos.
Miles de personas se movilizaron por calles de Cajamarca, Arequipa, Tacna, Andahuaylas, Huancayo, Cusco y Puno, según imágenes difundidas por las televisoras locales.
Por su parte, Boluarte se refirió a la muerte del ciudadano de Andahuaylas.
Protestas en Perú
Mientras tanto, gremios agrarios y organizaciones campesinas e indígenas anunciaron un “paro indefinido” a partir del martes, sumándose a los pedidos de cierre del Congreso, adelanto de elecciones y una nueva Constitución, según un comunicado del Frente Agrario y Rural del Perú.
El colectivo, que agrupa a una docena de organizaciones, reclama además la “inmediata libertad” de Castillo.
De acuerdo al Frente Agrario, Castillo “no perpetró ningún golpe de Estado” cuando el miércoles anunció el cierre del Congreso, la intervención de los poderes públicos y que gobernaría por decreto, lo que llevó a su destitución por el parlamento y a la asunción de la jefatura del Estado por la vicepresidenta Boluarte.
En Lima el partido izquierdista Perú Libre convocó la tarde del domingo a una movilización desde la histórica Plaza San Martín, epicentro de las manifestaciones políticas en Perú.
Lima siempre le dio la espalda a Castillo, un maestro rural y líder sindical sin contacto con las élites, mientras que las regiones andinas se han identificado con él desde las elecciones de 2021.
El Congreso, dominado por la derecha, anunció que sesionará la tarde del domingo para analizar la situación.
Elecciones anticipadas
Castillo fue detenido por su propia escolta mientras se dirigía a la embajada de México a solicitar asilo político. La fiscalía lo acusa de rebelión y conspiración.
Boluarte formó gobierno el sábado con un perfil independiente y técnico y con el exfiscal Pedro Angulo como primer ministro.
“Hasta ahora la presidenta no ha sido clara en lo que es la gran pregunta: ¿estamos en un gobierno de transición o estamos ante una autoridad que pretende quedarse hasta el 2026?”, dijo a la AFP la analista política Giovanna Peñaflor.
“Ella debería tener claro que su papel es facilitar las nuevas elecciones generales y que ese es el camino que le augurará tener alguna estabilidad que permita que este gabinete no sea como los pasados y termine siendo relegado”, agregó.
La demanda de nuevas elecciones se asocia con un abrumador rechazo al Congreso: según sondeos de noviembre, 86% de los peruanos desaprueban al parlamento.
Boluarte no descartó el viernes llamar a elecciones anticipadas en busca de una salida pacífica a la crisis política, e instó a la calma a la población.
¿Drogado?
Mientras tanto, crecía la polémica en torno a la versión de un exjefe de gabinete y del abogado de Castillo de que el expresidente estaba dopado al leer el mensaje en el que anunció su fallida intentona golpista.
En una supuesta carta que habría redactado en prisión, Castillo sostiene que un médico y enfermeras “camuflados” y una fiscal “sin rostro” (encapuchada) lo “obligaron” a sacarse muestras de sangre el viernes y sábado.
Según dice en la misiva, se negó a colaborar porque temía por su seguridad.
El presidente del Instituto de Medicina Legal, Francisco Brizuela, confirmó que el exmandatario “se niega a que se le tome una muestra de sangre y una muestra de orina. Por lo tanto, la pericia (para saber si estaba drogado) no pudo haberse realizado”.
Castillo también rechazó “una pericia psicológica y psiquiátrica”, agregó.