Este 16 de diciembre el Tribunal Octavo de Sentencia Penal, condenó a cuatro años de prisión conmutables a razón de Q10.00 diarios, a la exfiscal de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, Virginia Laparra, por el delito de abuso de autoridad en forma continuada.
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La jueza Oly González emitió la condena contra Laparra, quien la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) considera una “presa de conciencia”.
La fiscal de 42 años, detenida el 23 de febrero, fue acusada por supuesto “falso testimonio, abuso de autoridad y usurpación de funciones”. Ella era jefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango.
A través de sus redes sociales, la Embajada de Estados Unidos se pronuncia tras la sentencia expresando su preocupación.
“Nos preocupa profundamente la sentencia de 4 años de cárcel para Virginia Laparra, presa de conciencia @amnesty , x su labor anticorrupción. La persecución selectiva de actores de justicia y periodistas socava el #EstadoDeDerecho #Democracia y #Prosperidad en #GUA”, escribieron.
Más detalles
El arresto de Laparra y otros cinco fiscales fue ordenado por el Ministerio Público, entidad que dirige Consuelo Porras, a quien Washington incluyó en la llamada “Lista Engel” de personas del Triángulo Norte de Centroamérica implicadas en actos de corrupción o que socavan la democracia. Además, le prohibió ingresar a Estados Unidos.
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Washington afirma que Porras lleva adelante una campaña de persecución contra fiscales de la FECI y antiguos investigadores de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ente adscrito a la ONU que indagó prominentes casos de corrupción en el país entre 2008 y 2019.
Pese a los cuestionamientos a Porras en el país y el exterior, el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, la ratificó en mayo para otros cuatro años como fiscal general.
Tras esta polémica decisión, el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, declaró: “Porras obstruyó y socavó reiteradamente las investigaciones anticorrupción en Guatemala para proteger a sus aliados políticos y obtener favores políticos indebidos”.
En febrero también fueron arrestados cinco funcionarios de la FECI y la CICIG bajo cargos similares. Unos 25 fiscales, exfiscales y jueces están en prisión o fuera del país, pero Laparra es la primera en ser llevada a juicio.
Una de las acciones que motivó la sanción de Washington a Porras fue la destitución del entonces jefe nacional de la FECI, Juan Francisco Sandoval.
Estados Unidos consideraba como un “campeón anticorrupción” a Sandoval, quien se exilió en ese país tras ser separado de su cargo.
