El Ministerio de Cultura y Deportes aprobó un acuerdo en el que se autoriza cobrar por la reproducción de información pública que les solicitan con el argumento de que se “atiende un número elevado de solicitudes y destinan recursos para ello”.
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Ante esto, la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), que encabeza Alejandro Córdova, emitió un comunicado de prensa, en el que “exhorta a los sujetos obligados para que, conforme a la Ley de Acceso Público, implementen acciones que garanticen el respeto al derecho de acceso a la información pública, a efecto de esforzarse por reducir al máximo los costos de la entrega de la información, permitiendo la consulta directa de la misma o que las personas solicitantes entreguen los materiales para su reproducción”.
En el texto, además, se detalla lo que consigna el Artículo 18 de la Ley de Acceso a la Información Pública sobre la Gratuidad:
- El acceso a la información pública será gratuito, para efectos de análisis y consulta en las oficinas del sujeto obligado. Si el interesado solicita la obtención de copias, reproducciones escritas o por medios electrónicos, se hará de conformidad con lo establecido en la presente ley.
- La consulta de la información pública se regirá por el principio de sencillez y gratuidad. Sólo se cobrarán los gastos de reproducción de la información. La reproducción de la información habilitará al Estado a realizar el cobro por un monto que en ningún caso será superior a los costos del mercado y que no podrán exceder de los costos necesarios para la reproducción de la información.
- Los sujetos obligados deberán esforzarse por reducir al máximo, los costos de la entrega de información, permitiendo la consulta directa de la misma o que el particular entregue los materiales para su reproducción; cuando no se aporten dichos materiales se cobrara el valor de los mismos.
- Lo relativo a certificaciones y copias secretariales, se regulará conforme a la Ley del Organismo Judicial.
Publica acuerdo
La cartera de Cultura detalló que, si bien se responden solicitudes de información pública por correo, hay algunas que piden que sea físico, como el caso de una persona que hizo más de 400 solicitudes y pidió respuesta física, lo que implica más de diez resmas de papel.
Se añadió que lo que están motivando es el uso de la tecnología y los documentos virtuales para reducir el desperdicio de papel.
Eddy Cux, de Acción Ciudada, explicó que este acuerdo se debe analizar y en determinado momento se puede impugnar por medio de un amparo. A su criterio, esta situación se puede interpretar como un acto de corrupción, poca transparencia y opacidad.
