El Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, a través de un comunicado expresó su preocupación, ante la situación de la exjefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango, Virginia Laparra, quien fue encontrada culpable de incurrir en el delito de abuso de autoridad de forma continuada.
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Laparra denunció al entonces Juez de Mayor Riesgo, Lesther Castellanos de brindar información a terceras personas sobre una investigación bajo reserva. Por estos hechos recibió una sentencia de cuatro años de prisión conmutable a razón de Q5 diarios.
El pronunciamiento señala que desde que fue detenida el 23 de febrero de 2022, organizaciones nacionales e internacionales han denunciado irregularidades durante el proceso penal en su contra y que las condiciones de su detención afectan su salud e integridad.
El trabajo de Laparra al frente de la FECI, sería la causa principal de las acusaciones en su contra, lo cual estaría en contravención con los principios de imparcialidad y transparencia, así como debido proceso, indica el comunicado.
El Comité indica que se habrían producido manifestaciones directas en contra de la exfiscal que podrían suponer actos de violencia contra ella por el de ser mujer, así como, actos de violencia y discriminación.
Reacciona el MP
El Ministerio Público en un comunicado indicó que la denuncia contra Virginia Laparra no tiene relación con el trabajo que desarrolló en la FECI de Quetzaltenango y que la misma deriva de hechos en los cuales se demostró que ella abusó de su autoridad de forma continuada, sin estar relacionados esos actos con su condición de mujer.
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Adicionalmente, señaló que en todas las etapas del caso se respetaron sus derechos lo que evidencia el desarrollo de un debido proceso.
La fiscal de 42 años, detenida el 23 de febrero, fue acusada por supuesto “falso testimonio, abuso de autoridad y usurpación de funciones”. El arresto de Laparra y otros cinco fiscales fue ordenado por el Ministerio Público, entidad que dirige Consuelo Porras, a quien Washington incluyó en la llamada “Lista Engel” de personas del Triángulo Norte de Centroamérica implicadas en actos de corrupción o que socavan la democracia. Además, le prohibió ingresar a Estados Unidos.
Washington afirma que Porras lleva adelante una campaña de persecución contra fiscales de la FECI y antiguos investigadores de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ente adscrito a la ONU que indagó prominentes casos de corrupción en el país entre 2008 y 2019.
En febrero también fueron arrestados cinco funcionarios de la FECI y la CICIG bajo cargos similares. Unos 25 fiscales, exfiscales y jueces están en prisión o fuera del país, pero Laparra es la primera en ser llevada a juicio.
Vía Oscar Canel, Emisoras Unidas 89.7 FM*
