Atentados a candidatos a corporaciones municipales, disturbios por no inscribir a aspirantes a cargos públicos y la quema de urnas por los resultados de las elecciones son algunos factores que se catalogan como violencia electoral. Sin embargo, la problemática ha sido un tema que no se ha abordado desde las autoridades locales y el gobierno de turno.
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El Tribunal Supremo Electoral (TSE) tiene identificado alrededor de 50 municipios en los cuales se han reportado disturbios durante la campaña electoral, información que es proporcionada por la PDH.
Daniel Núñez, investigador de la Asociación Diálogos, consideró que la violencia electoral está relacionada con la conflictividad agraria. Ya que en las últimas cuatro elecciones se han reportado distintos actos de violencia en municipios donde existen problemas por tierras.
Núñez comentó que la conflictividad agraria tiene raíces en la Colonia, y luego se institucionalizó con el establecimiento del sistema finquero latifundista. Es decir, un sistema en donde grandes proporciones de tierras pasaron a ser controladas por un puñado de personas que tenían a otras personas trabajando para ellas en situaciones precarias.
Aunque no hay una confirmación de que alcaldes o candidatos a jefes ediles estén relacionados con la violencia electoral. En algunos casos hay grupos locales con poder que promueven ese tipo de incidencia, por lo que la lógica indica que las estructuras latifundistas facilitan esos actos.
El panorama electoral es complejo, ya que las decisiones de los magistrados de TSE para la inscripción de candidatos ha generado malestar en simpatizantes.
Núñez aclaró que ese tipo de decisiones automáticamente no asegura que puede haber violencia electoral. Pues la violencia depende de varios factores, entre ellos la respuesta que da el Estado.
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Ante eso, el entrevistado indicó que sugiere que las instituciones públicas encargadas del tema y otras organizaciones definan criterios en común. Sobre cómo conceptualizar y medir la conflictividad electoral y esos sean homogeneizados e institucionalizados. Ya que en cada administración pareciera que se cambian esos aspectos.
Municipios en alto riesgo y promesas contra violencia
La PDH presentó el Observatorio Electoral, desde donde monitoreará los municipios donde se reporten actos de violencia.
Hasta la fecha, los lugares catalogados de “muy alto riesgo” están en Huehuetenango, Izabal, Jutiapa, San Marcos y Zacapa. Pero también en Alta Verapaz, Escuintla y Guatemala.
Núñez recordó que la información analizada de 2015 muestra que en los departamentos donde hubo conflictividad agraria ese año se registraron hechos de violencia electoral, especialmente en Alta Verapaz.
En cuanto a los ofrecimientos de seguridad por los candidatos a cargos públicos. El representante de Diálogos mostró preocupación, ya que estos hacen varios ofrecimientos, pero no tienen soluciones en concreto y se refirió al El Salvador.
En donde se han encarcelado a pandilleros de forma masiva, pero se puede salir de control. Como ha sucedido en el país que desde las cárceles es donde se hacen las extorsiones.
A pesar de que los datos de violencia y homicidios continúan bajando, durante 2023 la tendencia a la baja ha sido menor. Lo cual es preocupante para organizaciones civiles porque Gobernación y el Ministerio Público han dejado de ejecutar acciones a favor de la seguridad ciudadana.
La Asociación Diálogos es una de las agrupaciones que conforma la Misión Electoral de Guatemala. Colectivo que monitoreará el proceso electoral desde la violencia electoral, desinformación y acceso a medios de comunicación.
Además, ver las decisiones que tomen los magistrados del TSE y el financiamiento electoral, más en funcionarios que buscan su reelección.
