La solicitud de limitación de un derecho constitucional alertó, nuevamente, a organizaciones que velan por las libertades de expresión y de prensa, como se derivó del caso contra el director de “elPeriódico”, José Rubén Zamora, y que ahora se investigará a reporteros y columnistas de ese medio escrito.
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La decisión fue autorizada por el juez décimo, Jimi Bremer, a petición de la fiscal Cinthia Monterroso, quien cumple órdenes de la fiscal general, Consuelo Porras Argueta, por las publicaciones sobre el proceso en el que se acusa a Zamora de supuesto lavado de dinero y de obstrucción a la justicia.
Las organizaciones que emitieron alerta son la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés). También la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la Coordinadora de ONG y Cooperativas (Congcoop). Además, la exjefa del Ministerio Público (MP) Claudia Paz y Paz.
La APG considera que la decisión del juzgador puede caer en el delito de prevaricato, por atentar contra el artículo 35 de la Constitución. Cuya autorización no tiene precedentes y que ni había ocurrido durante las dictaduras que ha vivido el país. Por lo que rechaza el contubernio que hay entre el MP y algunos jueces para iniciar una persecución contra periodistas y columnistas.
“Es libre emisión del pensamiento por cualquier medio de difusión, sin censura, ni licencia previa. Este derecho constitucional no podrá ser restringido por ley o disposición gubernamental alguna”, recordó la APG.
Mientras que la Congcoop recordó que las acciones legales violan tratados internacionales donde se garantiza la libertad de prensa, del pensamiento y de la información. Asimismo, se solidarizaron con Zamora y los periodistas, y la organización Acción Ciudadana por la persecución legal.
Detener acoso judicial por expresión
Las acciones legales que atentan contra la libertad de expresión en el país han generado preocupación en el mundo.
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La SIP se sumó a la petición de frenar el acoso judicial contra periodistas del medio de comunicación que lidera Zamora.
“Tal como advertimos en la visita en diciembre, las características de la acusación y las irregularidades que se denunciaron para armar el caso de Zamora generan preocupación. De que se intente montar procesos contra otros periodistas que investigan y denuncian al poder”, resaltó Michael Greenspon, presidente de la Sociedad Interamericana de Periodismo.
Además, la SIP enfatizó que las restricciones contra periodistas contravienen los principios de libertad de prensa establecidos en la Constitución. Y en la Ley de Imprenta nacional, que rige para resolución de conflictos entre autoridades y periodistas.
Por aparte, el CPJ también se sumó a la petición de detener las investigaciones contra reporteros y pide la liberación de Zamora.
“Son un claro intento de los fiscales de intimidar y hostigar a un medio de comunicación de investigación y a periodistas que trabajan para exponer la corrupción”, enfatizó el director de programas del Comité, Carlos Martínez de la Serna, por supuestas “ilegalidades” en las publicaciones, que pretende criminalizar la fiscal del caso contra Zamora.
Evita confrontar
El procurador de Derechos Humanos, José Córdova, que fue magistrado de Apelaciones, evitó la confrontación. Por lo que “confía” en que los procesos judiciales se desarrollen en el marco del respeto a derechos fundamentales de defensa, debido proceso y presunción de inocencia y es el juez el responsable de sus actuaciones.
