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Misión señala que TSE insiste en aplicar criterios discrecionales

A través de un comunicado emitido por la Misión de Observación Electoral de Guatemala (MOE-Gt) este 3 de abril, dicha organización rechazó la insistencia del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y del Registro de Ciudadanos en aplicar criterios diferenciados, discrecionales e inconsistentes para la inscripción y revocación de candidaturas.

De acuerdo con la Misión Electoral, este fenómeno, erosiona las bases sobre las que se asienta la credibilidad del proceso electoral y “Causa daños irreparables a su legitimidad”.

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Además ejemplificó que el ente electoral utilizó criterios extensivos a favor de los derechos humanos en el caso de la candidata Zury Ríos, de la coalición Valor-Unionista, a quien se ha señalado de tener una prohibición constitucional, al igual que en el caso del candidato vicepresidencial Romeo Guerra de la Unidad Nacional de la Esperanza, a quien se señala también encuadrar en una prohibición constitucional; y, por otro lado, impidió la participación del candidato a la vicepresidencia del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), Jordán Rodas, sin realizar análisis respecto al señalamiento presentado ante la Contraloría General de Cuentas.

También describe la revocatoria a la inscripción del candidato presidencial Roberto Arzú, del partido Podemos y a quien el TSE se negó a conocer su solicitud de reconsiderar tal denegatoria.

El documento detalla que se identificó al menos 13 candidatos inscritos que enfrentan procedimientos de retiro de antejuicio en el Organismo Judicial, lo cual contrasta con las decisiones tomadas sobre los diputados Aldo Iván Dávila Morales y José Armando Ubico.

“El uso de criterios diferencias, discrecionales e inconsistentes aumentan el escepticismo hacia el proceso electoral y ponen en duda la independencia y ecuanimidad del TSE para llevar a cabo un proceso legal y legítimo”.

La organización lamentó que el TSE no reglamentó oportunamente los criterios para resolver dichas situaciones y urgió a los magistrados a revisar y analizar las decisiones del Registro de Ciudadanos y las propias.

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