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Comienza debate legislativo para el cese de prisión como ayuda humanitaria

La directiva del Congreso, a cargo del oficialismo, volvió a cambiar la agenda de trabajo en la única sesión de la semana. En el regreso del descanso, la presidenta Shirley Rivera impulsó el comienzo para aprobar su iniciativa de ley para el cese de cárcel para personas de determinada edad.

Con un error en la iniciativa de ley que presentó Rivera e integrantes de la directiva, al dictamen que emitió la comisión legislativa de Gobernación, evidencia el cambio que se da en ciertos aspectos en el Congreso.

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Ayer inició el debate de la propuesta de ley que promueve el fin de prisión para personas mayores de 75 años como “ayuda humanitaria”.
A inicios de año, la directiva impulsó su propuesta de ley, en la que se indicaba el cese de cárcel para mayores de 65 años. No obstante, ayer que se revisó la página electrónica del Congreso, la presentación de los diputados indicaba que la propuesta inicial era de 75 años.

Sin embargo, no se tomaron el tiempo de revisar los documentos y fue la documentación que remitió la comisión de Gobernación, lo que evidenció el error.

La comisión en el dictamen favorable con modificaciones incluyó la iniciativa original, la cual no concuerda con la nueva iniciativa con fecha anterior.

“No se aplicará prisión preventiva atendiendo a razones humanitarias en casos en que el procesado haya cumplido la edad de 75 años, lo cual acreditará con certificado de nacimiento y Documento Personal de Identificación. No se aplicará prisión preventiva a todas las personas que hayan sido diagnosticadas con enfermedad en fase terminal. Cuyo tratamiento requiere de cuidados paliativos, que deberá acreditarse con dictamen médico por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses”, explica el dictamen remitido por la mesa de trabajo.

Beneficio desde el Legislativo para un grupo

La propuesta de ley generó debate en la oposición, ya que algunos diputados comentaron que el beneficio parece ser para algunos militares.
Corine Deddik, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), explicó que hubo un cambio en la comisión que dictaminó la iniciativa, pues al inicio se abordaba sobre prisión preventiva, pero luego solo se centró en la edad.

“La norma queda muy rígida y no debe aplicarse para todas las personas, especialmente debe excluirse para los acusados de violaciones sexuales o crimen organizado. Además, debe haber una discusión más técnica sobre las medidas sustitutivas”, puntualizó Deddik.

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Demandas y promesas

Productores de lácteos denunciaron la falta de atención por parte del Ministerio de Economía para la exportación de leche a Honduras. La diputada Ligia Hernández citó a autoridades de Agricultura y Economía, sin embargo, representantes de Economía no se presentaron.

Los diputados avanzan en modificar el Programa para el Adulto Mayor que ampliaría el número de beneficiarios.

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