Antes de la Semana Santa, la directiva y diputados oficialistas negociaban con otros aprobar cuatro préstamos por US$678 millones, pero el apoyo se desvaneció al regreso del asueto.
Pocos congresistas informaban la decisión de la directiva de haber retirado esos proyectos de discusión, porque fue repentina y solo se incluyeron temas “light”.
Boris España, primer vicepresidente del Legislativo, justificó el cambio al indicar “que no era el momento político” para continuar con esos temas.
El legislador recordó que “hablar de préstamos es una mala palabra” para el país; además, de la responsabilidad que tienen los diputados.
Los créditos que buscaba aprobar el presidente, Alejandro Giammattei, eran US$300 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Otro por US$250 millones para sustitución de financiamiento al presupuesto y otro de US$160 millones para electrificación rural. Los dos últimos con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
El último crédito es por US$8.5 millones, cuyo destino es para trabajos de reforestación, por lo que algunos congresistas de oposición temen que ese fondo sea para pagos de favores electorales.
España agregó que el endeudamiento volverá a discutirse en 75 días, plazo que será después de que se lleven a cabo las elecciones generales, por lo que ya se tendrá definido el nuevo Congreso, así como se tendrá más clara la competencia por la presidencia del país.
Diputados comentaron que el atraso del endeudamiento pudo ser porque los desembolsos llevarían tiempo y sería poco el periodo de ejecución del actual gobierno, que tuvo que enfrentar el desgaste.
Cabildean para elegir directiva y magistrados
Con la conformación de la nueva legislatura, que se conocerá el 26 de junio, los diputados salientes podrían influir en la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de Salas de Apelaciones.
Las últimas legislaturas atrasaron por cuatro años la designación de funcionarios del Organismo Judicial. Lo cual fue calificado por congresistas de una alianza entre magistrados y diputados para asegurar impunidad.
Abogados coinciden que el no cambiar a los magistrados de las Cortes envía una señal negativa, afectando la certeza jurídica y el concepto de república.
Además, hay un estancamiento en el sistema de justicia, ya que los presidentes interinos en la CSJ no han presentado un plan de trabajo. Tal y como ocurre con una magistratura que fue electa para cierto periodo