Aunque desde el gobierno central y autoridades gubernamentales resaltan la transparencia en el uso de los recursos del Estado, la Contraloría General de Cuentas señaló uso inadecuado de los presupuestos.
La CGC señaló en al menos 50 denuncias penales y 29 denuncias civiles anomalías en oficinas de Comunicaciones, Educación y Salud. Además, en las municipalidades, los consejos de desarrollo y el Ministerio de Ambiente se encontró mal manejo de los recursos públicos.
Según el informe de la Contraloría, las denuncias en el MP suman Q610.3 millones, por lo que será el ente investigador el que iniciará las averiguaciones y procederá a realizar las imputaciones de los delitos que se pudieron haber cometido.
Asimismo, se presentaron tres mil 143 sanciones económicas que contabilizaron Q69 millones, por la Subcontraloría de Calidad de Gasto Público, pero hubo otras mil 179 sanciones monetarias que sumaron Q23.3 millones detectados por exámenes especiales.
Mientras que por la Dirección de Atención a Denuncias se impusieron 548 sanciones que sumaron Q13.1 millones.
Las entidades que sobresalen denunciadas por los montos son el Hospital de Chimaltenango por irregularidades por Q67.7 millones, seguido del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones por Q13.9 millones.
A la vez, en Ferrocarriles de Guatemala (Fegua) se detectó que no había disponibilidad presupuestaria para un préstamo de Q5 millones. Y en las municipalidades de San Francisco y La Libertad, en Petén, fue por incumplimientos para pagar obligaciones adquiridas. En la comuna de Samayac, en Suchitepéquez, se aprobó un crédito por Q1.9 millones sin la autorización del concejo municipal.
En cuanto al Instituto de Fomento Municipal (Infom), se informó sobre el robo de dos vehículos, pero no se presentó la documentación de la pérdida de los bienes.
Por último, la Contraloría supervisó que varios proyectos se están realizando en propiedad privada, por lo que se hizo la denuncia por Q11.2 millones.
Advertencias en manejo
Otro de los rubros que presentó la CGC en su informe son las 46 fiscalizaciones en las que se dan recomendaciones a las instituciones para evitar prácticas inadecuadas que finalicen en denuncias penales o sanciones económicas.
Durante los últimos años, pocas han sido las investigaciones por corrupción que ha presentado el MP, por lo que organizaciones civiles piden que los fiscales se centren en la fiscalización de fondos porque cada año sube el presupuesto, pero poca es la atención que reciben.