Los guatemaltecos elegirán este domingo 25 de junio un nuevo presidente en unas Elecciones Generales 2023, cuestionadas por la exclusión de candidatos y la persecución de periodistas y exfiscales anticorrupción.
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Durante el proceso electoral fueron excluidos al menos cuatro binomios a la presidencia, por incumplir con vigencia del finiquito; campaña anticipada e inconsistencias durante las asambleas de proclamación, lo que llevo a las organizaciones a apelar ante las cortes, hasta llegar a la Corte de Constitucionalidad que dejó en firme las resoluciones.
Sin embargo, también fueron excluidos candidatos a diputados y alcaldes que enfrentan procesos penales, incluso procesos de extradición a los Estados Unidos por narcotráfico.
Podemos
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) revocó la candidatura del binomio presidencial del partido político Podemos, integrado por Roberto Arzú García-Granados, hijo del expresidente Álvaro Arzú (1996-2000), y David Pineda, candidato a la vicepresidencia.
El TSE señaló que Roberto Arzú, habría realizado supuesta campaña anticipada, años antes de la convocatoria a elecciones.
MLP
La Dirección General de Registro de Ciudadanos declaró improcedente la inscripción de Thelma Cabrera y el exprocurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas Andrade, como candidatos presidencial y vicepresidencial, respectivamente por el Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP).
En la resolución emitida se indicó que el artículo 30 de la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos establece que quienes aspiran a cargos públicos deben contar con finiquito.
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Y se detalla que dentro de la documentación presentada por la organización política se puedo constatar que se adjuntó dicho documento; sin embargo, tras verificar en el portal web de la Contraloría se estableció que le aparecían cargos jurídicos y denuncia contra Rodas.
Prosperidad Ciudadana
La Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo otorgó un amparo al partido Cambio, bajo el argumento de que la asamblea nacional ordinaria del partido Prosperidad Ciudadana, que proclamó a Carlos Pineda como candidato a la Presidencia y a Efraín Orozco, candidato a la vicepresidencia, no se realizó de forma legal.
El amparo alcanzó a 1 mil 263 personas inscritas para competir a un cargo de elección cuyas candidaturas quedaron suspendidas tras el fallo que emitió la Sala.
Poder
la Dirección General del Registro de Ciudadanos, dejó fuera al Partido de Oportunidades y Desarrollo (Poder) que postulaba a Óscar Rodolfo Castañeda, como presidenciable, y Luis Adrián Ruiz, como vicepresidenciable.
El Tribunal Supremo Electoral argumentó que el partido realizó la asamblea únicamente con la actuación del Comité Ejecutivo provisional cuando debían hacerlo con su Comité Ejecutivo nacional ya conformado, por lo que la participación de su binomio y candidatos a diputados no estaría avalada.
Imponen candidatos
Analistas y políticos vetados consideran que el “fraude” no se basa en manipular los resultados, sino en imponer candidatos para mantener cooptado el Estado.
Con la expulsión de candidatos por la justicia lo que se pone en “peligro” es “el Estado de derecho, la democracia y las garantías y libertadas para toda la población”, dijo el director de Acción Ciudadana, capítulo local de Transparencia Internacional, Edie Cux.
“Hay un diseño preconfigurado de quiénes son los candidatos, sacar a los que resulten incómodos y dejar a quienes resultan favorables para el mismo sistema”, lamentó.
La ONG Oficina en Washington para América Latina (WOLA), considera al sistema judicial guatemalteco como el “brazo represivo que busca asfixiar y estrangular” a opositores.
La Organización de Estados Americanos (OEA) reiteró su preocupación por la exclusión de candidatos en el proceso electoral.
La Unión Europea (UE) también expresó su “preocupación” por la exclusión de candidatos para los comicios presidenciales del 25 de junio en Guatemala, y pidió a las autoridades que cualquier controversia se ventile pronto y con imparcialidad.
* Con información de AFP
