El partido político Movimiento Semilla acudió a la Corte de Constitucionalidad (CC) para presentar un amparo preventivo, para que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no acate lo dictado por el Juzgado Séptimo de Instancia Penal, a petición de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) dirigida por Rafael Curruchiche quien está sancionado por Washington por presuntamente perseguir a exfiscales que combatieron la corrupción.
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Con dicha acción se pretende que el TSE no se vea obligado a acatar “órdenes ilegales de parte del juez Fredy Orellana, detalló el diputado de Semilla, Samuel Pérez, a través de una transmisión en TikTok.
El partido político anunció que este jueves 13 de julio brindará una conferencia de prensa a las 9:30 para ampliar detalles de las acciones que emprenderán.
“El Juzgado Séptimo de la instancia penal ordenó la suspensión de la personería jurídica del partido político Movimiento Semilla”, dijo en un video divulgado en las redes sociales Curruchiche, jefe de la FECI.
Esta decisión judicial se da luego de la presentación de recursos legales por los partidos que perdieron la primera vuelta de las presidenciales del 25 de junio, lo que demoró la proclamación de los socialdemócratas Sandra Torres y Bernardo Arévalo como candidatos al balotaje.
De acuerdo con el fiscal, en mayo de 2o22 un ciudadano denunció haber sido adherido a esa agrupación política sin su consentimiento. Además, según Curruchiche, existen indicios de que al menos cinco mil personas habrían sido adheridos de manera irregular mediante a la falsificación de firma y letra. Agregó que la investigación de esa fiscalía confirmó que 12 personas fallecidas también fueron inscritas de forma irregular.
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Por este caso, Bernardo Arévalo denunció a Jaime Gabriel Gudiel Arias y presentó una copia de adhesión masiva firmado por Samuel Pérez y Alberto Sánchez y otras personalidades de esa agrupación política. Por lo que la FECI señala a Semilla de lavado de dinero y otros activos, ya que habrían pagado Q7 por cada firma recolectada, lo que da un monto superior a Q175 mil, cuyo origen de financiamiento es desconocido.
